Antonio C. Maldonado V.

Una vez que ha entrado en vigencia la Ley Orgánica para el Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal tras la Pandemia del COVID-19, resulta que el financiamiento del presupuesto nacional se constituye en un duro golpe para quienes prestan sus servicios tanto al sector público como al sector privado, ya que quienes perciben una remuneración mensual más de USD 2000 o USD 2500, tienen que pagar el impuesto a la renta duplicado o sea el mínimo de USD 156 elevado a USD 336 al año pulverizándose el sueldo sin que cubra las necesidades básicas de un hogar promedio de 5 personas, pues, desde el momento que ingresa al trabajo se le descuenta 10% como aportación al IESS, quedando para el sustento familiar una suma de dinero insuficiente para cubrir el gasto de alimentación, educación, salud, vivienda o crédito hipotecario al Banco del IESS, IVA, internet, luz y agua por citar algo, de tal suerte que la ley para el desarrollo económico resulta una tomadura de pelo, considerando que en la campaña electoral el actual Mandatario se comprometió a no subir impuestos, pero lo único que vemos es que los ricos no los pagan como sucede con el impuesto a la salida de divisas, lo que se agrava con la inundación de propaganda en todos los medios de comunicación por la Navidad y Año Nuevo adicionadas de un largo feriado.