Nuevos impuestos golpean a la clase media y laboral

Antonio C. Maldonado V.

Una vez que ha entrado en vigencia la Ley Orgánica para el Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal tras la Pandemia del COVID-19, resulta que el financiamiento del presupuesto nacional se constituye en un duro golpe para quienes prestan sus servicios tanto al sector público como al sector privado, ya que quienes perciben una remuneración mensual más de USD 2000 o USD 2500, tienen que pagar el impuesto a la renta duplicado o sea el mínimo de USD 156 elevado a USD 336 al año pulverizándose el sueldo sin que cubra las necesidades básicas de un hogar promedio de 5 personas, pues, desde el momento que ingresa al trabajo se le descuenta 10% como aportación al IESS, quedando para el sustento familiar una suma de dinero insuficiente para cubrir el gasto de alimentación, educación, salud, vivienda o crédito hipotecario al Banco del IESS, IVA, internet, luz y agua por citar algo, de tal suerte que la ley para el desarrollo económico resulta una tomadura de pelo, considerando que en la campaña electoral el actual Mandatario se comprometió a no subir impuestos, pero lo único que vemos es que los ricos no los pagan como sucede con el impuesto a la salida de divisas, lo que se agrava con la inundación de propaganda en todos los medios de comunicación por la Navidad y Año Nuevo adicionadas de un largo feriado.

En la nueva Ley se contempla la contribución sobre el patrimonio de personas naturales qué al 1 de enero de 2021, posean un patrimonio personal igual o mayor a 1 millón de dólares o un patrimonio en sociedad conyugal igual o mayor a 2 Millones, algo que resulta difícil de imponer a los propietarios porque la propiedad inmobiliaria según el Catastro Municipal es muy inferior al valor comercial.

Por otra parte, mientras eso sucede nos tienen engolosinados con el añejo cuento del combate a la corrupción, algo que viene perdiendo interés para la ciudadanía y que paralelamente a la pandemia nunca terminará ya que en lo relativo a la corrupción este monstruo aparece en América y nuestro país desde la invasión de los españoles; Atahualpa, el último Inca, recibió en su palacio a los visitantes y le propuso a Francisco Pizarro, el jefe, que como le hablaba de su rey que habitaba más allá del océano sea portador de la invitación para que visite el Imperio del Cusco y al percatarse de la codicia y ambición que tenían por el oro le dijo: que en muestra de la proposición que hacía le enviaba a ese Rey un barco cargado de oro con todas las artesanías que elaboraban, a cambio de lo cual le pedía que les enseñen a construir barcos, armas de fuego y utilizar la caballería y los adelantos que ellos habían alcanzado, debido a lo cual, Pizarro español analfabeto, inició el saqueo del oro y programó el asesinato de Atahualpa; esto era un atraco a la Corona Española y un fraude a Atahualpa, o sea, lo que ahora se denomina “Bienes Públicos” debido a lo cual los ciudadanos consideran que como son públicos puede apropiarse cualquiera sin tomar en cuenta que se los denomina así porque es dinero de todos los ciudadanos, administrados por el Estado.

En definitiva, la corrupción con sus profundas raíces y sus tentáculos como los de la Hidra ha existido en nuestro país desde la invasión española continuando en la era colonial, luego en la independencia y en la vida republicana, en la que no ha existido gobierno alguno vinculado a la corrupción ya sea patrocinada por el jefe gobernante o disfrazada por sus colaboradores como en el caso de Eloy Alfaro y últimamente Velasco Ibarra, que murió en la pobreza, y Rodrigo Borja Cevallos; dilatado periodo que también fue combatido severamente por el insigne Juan Montalvo “terror de las tiranías”, entre otros, al voraz dictador Ignacio de Veintimilla, conocido desde ahí como “Ignacio de la cuchilla”.