Sandra Beatriz Ludeña

Esta opinión presenta una realidad descarnada y dolorosa, la violencia y el crimen ha irrumpido en esta ciudad de saucedales tranquilos. Geográficamente Loja se encuentra al sur, y antes se pensaba que por esa latitud inferior estábamos también debajo de otras realidades de las grandes ciudades, así las vulnerabilidades que experimenta la población en general, se sentían en menor grado, hasta hace apenas años atrás, hoy, todo ha cambiado. 

Este análisis pretende actualizar la discusión de un fenómeno que alarma en Loja, se trata de violencia.  Lo que sucede en nuestras prisiones y la estrecha relación entre los traslados de los presos de alta peligrosidad al centro de reclusión de Loja y las manifestaciones violentas y criminales de los últimos tiempos en esta urbe.

Para los lojanos es conocido que los asesinatos en nuestra ciudad hasta poco eran eventos raros, hoy, van en aumento.  Veamos que hace pocos meses se suscitó asesinato tipo sicariato del propietario de un club nocturno en Catamayo, en estos días la ciudad quedó consternada con el asesinato de un personaje público, exalcalde de Yanzatza; esto es solo una muestra.  

En Ecuador la violencia y los delitos tipo crimen, van de la mano del contexto político, y lo afirmo así, sin que sea una renegación contra el Estado, pues, la última década no ha existido cambios estatales de fondo, que transformen la realidad penitenciaria que históricamente ha sido la más desgastada. 

Ciertamente organismos públicos como el Ministerio de Justicia y otros aliados con la sociedad civil, han intentado sin mayores logros reducir en algún grado la peligrosidad de la población carcelaria, controlando la violación de derechos y el abuso de poder; se ha tratado también de disminuir la corrupción buscando la transparencia en el uso óptimo de los recursos públicos, pero, nada de esto, ha surtido efecto.

Hoy, nuestra ciudad recibe a diario, reclusos penitenciarios que se encontraban en cárceles de mayor seguridad.  Los testimonios de policías no justifican tales operaciones, pues la cárcel de Loja no es un centro de reclusión que esté en condiciones de seguridad para el efecto. La institución policial ni la penitenciaria tampoco lo están.  Al igual sucede con la ciudadanía, pues, esta es una vivencia ambivalente, porque aunque los reclusos trasladados están encarcelados, esto no quita el riesgo al que se ve expuesta la ciudadanía.

Las manifestaciones de violencia se han hecho notar y  estamos desprotegidos y expuestos al peligro.  Esta vivencia nos da una lectura de tapar con parches los rotos sociales, pero, también nos hace preguntarnos ¿Cuánto puede el Estado ocuparse del “cuidado” de la ciudadanía en general?  ¿Qué se está haciendo para disminuir la violencia y la criminalidad?