Con 104 votos a favor y 19 abstenciones, el Pleno de la Asamblea Nacional aprobó el proyecto de Ley del Uso Progresivo de la Fuerza.  Varios criterios a favor y en contra giran en torno a este tema en la urbe lojana. La norma deberá tener el visto bueno del Ejecutivo para su aplicación.

Según el texto, esta Ley busca -de forma general- regular el uso progresivo, adecuado y proporcional de la fuerza por parte de los agentes del orden -Policía Nacional, Fuerzas Armadas y agentes de vigilancia penitenciaria-.

Galo Ortega Criollo, jurista de la localidad, explica que, al ser una norma aprobada recientemente por la Asamblea Nacional, deberá pasar por Ejecutivo, quien tiene la potestad del veto parcial o total.  En este contexto, su aplicación deberá esperar.

Acoger

En el supuesto caso que, el presidente acoja en su totalidad el proyecto, tendrá que publicarse en el Registro Oficial.

 A decir del profesional, la puesta en vigencia de la Ley, “solo es una parte, de lo que el país necesita para disminuir los índices de inseguridad”.

Circunstancias

Ortega Criollo añade que lo fundamental de la Ley, consta en los artículos 23 y 25, pues, establece que a criterio del Policía cuando la vida de una persona esté amenazada por otro ciudadano o un posible delincuente -solo en esas circunstancias podría hacer uso de la fuerza-.  Sin embargo, hay varios aspectos que giran en torno a la aplicación de norma.

A criterio del profesional, el principal trabajo debe ser la educación preventiva en escuelas y colegios, para que desde temprana edad se conozca cuáles son los delitos, así los ciudadanos no los cometan.

Votación

La mayoría del bloque Pachakutik se abstuvieron de votar, entre ellos, el legislador lojano Manuel Medina Quishpe. El asambleísta aseveró que no dio su voto a favor porque existe preocupación; con la puesta en vigencia de la norma se estaría dando una criminalización de la protesta social.

Asevera que se abstuvo de dar su pronunciamiento porque no se acogió la propuesta presentada, la de eliminar los artículos 23, 24 y 25; éstos abren la posibilidad que la Policía y Fuerzas Armadas “atenten contra los derechos de la población civil.”  (I).

Dato

El presidente Guillermo Lasso tiene 30 días para pronunciarse; si da el veto parcial o total al proyecto de Ley.