Eduardo Castillo Gálvez 

En la región de América Latina, el término gobierno abierto constituye un modelo modernizador de la gestión pública que tiene el objetivo de alcanzar gobiernos más efectivos en materia de transparencia, participación, colaboración y rendición de cuentas. Sin embargo, las acciones de gobierno con interés público utilizando el modelo de gobierno abierto continúa siendo un desafío en la región; pues, la falta de participación ciudadana, la ausencia en la implementación de políticas de datos abiertos, el marco jurídico atrasado y el limitado uso de las tecnologías de la información y comunicación son problemáticas que no permiten lograr un Estado abierto a pesar que la mayoría de países de la región poseen un discurso a favor de los sectores de izquierda.

El paradigma de gobierno abierto tomó impulso en el año 2009, cuando el gobierno de Estados Unidos del entonces presidente Barack Obama desarrolló un sistema de transparencia y participación con la intención de reforzar la democracia en dicho país, de esta forma se aseguraría la confianza pública de la sociedad y, al mismo tiempo, la eficiencia gubernamental. Así pues, se trata de la ejecución de un nuevo modelo de relación entre los gobernantes, las administraciones y la sociedad: transparente, multidireccional, colaborativo y orientado a la participación de los ciudadanos tanto en el seguimiento como en la toma de decisiones públicas, a partir de la participación activa.

Sobre esta base, el paradigma de gobierno abierto se popularizó, sobre todo por la creación del Open Government Partnership (OGP) o Alianza para el Gobierno Abierto (AGA), cuyo objetivo es lograr gobiernos “más accesible, más receptivos y más responsables ante los ciudadanos”. Sin embargo, las acciones de gobierno abierto con interés y valor público, utilizando el enfoque de gobierno abierto, siguen siendo limitadas. Por ello, se convierten en un reto para la región de América Latina, a pesar que, en esta región, desde los períodos 2011-2022, existen 16 países latinoamericanos miembros de la AGA, 63 planes de acción de gobierno abierto realizados y 44 planes de acción implementándose para beneficiar a la ciudadanía.

Continuando con mi opinión y a manera de conclusión, sobre el reto que tiene el gobierno abierto en la región de América Latina, se debería establecer mecanismos para resolver las siguientes problemáticas. Primero, eliminar la heterogeneidad conceptual del término gobierno abierto; segundo, demanda de una mayor accountability por parte de la ciudadanía y grupos de la sociedad civil; tercero, aplicar los mecanismos adecuados para conseguir información pública de calidad, cuantificable, confiable y accesible a los ciudadanos utilizando las tecnologías de la información y comunicación; y, finalmente, actualizar el marco normativo como financiar estrategias de vinculación como comunicación de gobierno abierto.