Juan Luna Rengel

Los Estados Miembros de las Naciones Unidas aprobaron en el 2015 los 17 objetivos de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible (ODS) que tienen que ver con un futuro deseado en pro del planeta, personas, prosperidad, paz y alianzas.

Ecuador como país firmante y sus gobernantes ratificaron el compromiso. Así, el Gobierno Nacional declaró la Agenda 2030 como política pública, la Asamblea Nacional los consideró un referente obligatorio para su trabajo y los gobiernos autónomos descentralizados han articulado su planificación para el cumplimiento de la agenda global. El sector privado, la sociedad civil y la academia se comprometieron a caminar juntos hacia objetivos comunes para asegurar la igualdad de oportunidades y una vida digna para todas las personas.

El tema educativo consta en el ODS 4 “Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos”. La calidad de la educación es su preocupación y para cumplirla se plantearon 7 metas.

“La Agenda 2030 no estaba asegurado antes de la pandemia de la COVID-19, y mucho menos lo está ahora. Las metas no se cumplirán si no se modifica el rumbo de las políticas y de la asignación de recursos para la educación. Las dificultades económicas y los devastadores efectos de la pandemia de la COVID-19 contribuyeron a la desaceleración y el estancamiento en el avance de los logros educativos entre 2015 y 2021”, revela el informe regional de monitoreo ODS4-Educación 2030, presentado el 08 de septiembre de 2022.

El informe muestra cinco tendencias: Las dos primeras de orden positivo que refieren la continuidad en el crecimiento generalizado del nivel educativo de la población, en el incremento de los niveles de alfabetización de los adultos y en el máximo nivel educativo alcanzado por la población. La segunda destaca mejora en ciertos indicadores educativos, combinada con una reducción de las desigualdades, como incremento del acceso al nivel preprimario, mejoró la finalización de la educación secundaria.

Las siguientes tres tendencias alertan sobre una desaceleración de la mejora de ciertos indicadores que venían progresando como la tasa de finalización de la educación secundaria, estancamientos en los indicadores de las evaluaciones de la calidad de los aprendizajes, por ejemplo, en la comparación de los resultados de las pruebas del estudio ERCE 2019  de la Unesco con la evaluación anterior  (TERCE 2013), la región no logró mejorar en las áreas de lectura, matemáticas y ciencias, lo que sí había ocurrido entre 2006, mientras que, en la última edición de PISA, en 2018, los resultados no variaron entre 2015 y 2018 en las tres áreas mencionadas. La quinta tendencia que tiene que ver con Educación Superior muestra el aumento de ciertas brechas de acceso en niveles socioeconómicos.

Respecto al financiamiento 15 países de América Latina y el Caribe redujeron su inversión pública en educación desde 2015. Este estancamiento se acrecentó con la crisis de la COVID-19, que solo en 2020 implicó una contracción económica del 7,7% del PIB. Entre 2015 y 2019, el gasto educativo como porcentaje del gasto público total cayó del 16,1% al 15,4% en la región y, en relación al PIB, cayó del 4,5% al 4,3%.

Las cifras descritas son un desafío para lideres gobernantes, empresa privada, organizaciones sociales para avanzar hacia las metas del ODS 4 2030 y deben con urgencia asumir un compromiso por la educación, a fin de conseguir, la transformación social y educativa que desestructure el sistema causante de la deuda y a la injusticia educativa en la región.

El gobierno ecuatoriano debe procurar alianzas estratégicas que no lo deslinden de lo global, para reimaginar el sistema educativo vigente. Arduo deber para cristalizar la calidad educativa que brinde respuestas para hoy y para mañana.