1.400 educadores comunitarios exigen pago de la seguridad social

Maestros de varios cantones exigen se cumplan sus derechos.

Desde hace algún tiempo maestros comunitarios vienen exigiendo el pago de la seguridad social. Incluso en los últimos días en la urbe lojana se han realizado concentraciones para que se cumpla con este derecho.

A nivel nacional son miles los maestros comunitarios, cuyo derecho a la seguridad social no ha sido reconocido desde hace décadas.  Se pide conformar una comisión con el fin de solucionar la problemática.

A través de Gestión Educativa del Ministerio de Educación, se levantó el catastro de los educadores comunitarios, pero no todos fueron incluidos.

Gilbert Granda Romero, presidente de la Unión Nacional de Educadores en Loja (UNE-Loja), en diálogo con Diario Crónica, indica que incluso los maestros fueron contratados por el Estado, por este motivo debe cumplirse con la obligación e incluirse a todo quienes  prestaron el servicio. Laboraban en los centros artesanales, en el área de manualidades y en los procesos de alfabetización.

 En la provincia de Loja, son cerca de 1.400 educadores, a nivel nacional 13.000. “Incluso   debe cumplirse con una resolución de la Corte Constitucional para que en un plazo de 180 días se realice un censo y cumpla con la obligación patronal”. Como gremio se respaldan las medidas que adopten los maestros comunitarios, para que se acaten sus derechos, precisa el dirigente.

Cumplimiento

José Eduardo Morales, presidente de la Asociación de Jubilados en la Provincia de  Loja,  acota que son varias las problemáticas que afrontan los maestros jubilados y quienes ejercen labores comunitarias, no son la excepción. 

La mayoría de ellos laboran en el sector rural  de forma responsable, en los centros de formación en algunas especialidades. “El objetivo que con la reformas a la Ley de Educación, se  les restituya todos los derechos”. 

Situación

Hace  poco  días en el Parque Central de Loja, se concentró un grupo de educadores.

De varios cantones arribaron a la urbe lojana, para mediante consignas exigir a las autoridades de educación se cumpla con esa obligación.

Aracely Puetate, presidenta de los educadores populares, refirió que las gestiones iniciaron desde hace algunos años. Hay el compromiso que se trabaje mesas técnicas con la    participación de maestros de tres provincias: Loja, El Oro y Zamora Chinchipe, para validar los catastros y documentación. “Deberá   incluirse a quienes aún no constan en la base de datos”. (I).