Campos Ortega Romero

La lid electoral del 5 de febrero del presente año, su entorno democrático vive momentos difíciles que tienen que ver con las malas prácticas políticas gubernamentales, la corrupción, la repartición de poder, desorden económico que hunden al país cada vez más, de manera gráfica y deliberadamente exagerada, por la pérdida de su verdadera libertad de decidir, los políticos que conforman el gobierno tienden a semejarse a lo que serían meras marionetas movidas por su propia vanidad.  Todo ello se traduce en una realidad: los ciudadanos no estamos contentos con la ejecutoria de los poderes públicos y nuestra principal herramienta para invertir este panorama tan desolador, por más que demasiadas ocasiones no se aprecie así, consiste en ejercer el derecho fundamental de todos los lojanos, el derecho al sufragio.

Junto a la elección de prefecto, viceprefecto, alcaldes, concejales urbanos, rurales, vocales de juntas parroquiales e integrantes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, CPCCS  el presidente Guillermo Lasso esboza 11 preguntas que  lleva a las urnas, siendo ocho interrogantes para un referendo constitucional y tres de tipo consulta popular, como una estrategia, según los entendidos para ganar popularidad. Más allá del éxito o no de la propuesta o consulta, algunos investigadores creen que el resultado no tendrá un impacto significativo en la vida de los ecuatorianos.

Para Benjamín Marcheco, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Guayaquil, señala que la consulta es una “estrategia de propaganda” que no reflejan un interés real de los temas  de relevancia para el País. “los grandes problemas  de Ecuador  son la inseguridad, la pobreza y el desempleo. Esta consulta no va a generar cambios  profundos que resuelvan esos problemas” manifestó en una entrevista con DW.

Otra de las preguntas señaladas en la consulta popular, es que el Consejo de Participación Ciudadana y Control  Social pierda su facultad de elegir autoridades. Recordamos que el CPCCS se creó en el año 2008, con la función de elegir autoridades para las diferentes instituciones del Estado. Según el artículo 208 de la Constitución se encarga de elegir a las autoridades de control como la: Procuraduría General del Estado, Defensoría del Pueblo, Defensoría Pública, Fiscalía General del Estado, Contraloría General del Estado. Como también a miembros del Consejo Electoral, Tribunal Contencioso Electoral, Consejo de la Judicatura, en total escoge a 77 autoridades, 

Para el sociólogo, Decio Machado, la inestabilidad que vive actualmente el organismo es una característica de la intromisión del gobierno sobre sus consejeros. “El CPCCS nació con un objetivo concreto y eso no se ha cumplido a lo largo de su historia, siempre ha sido tomado por los sectores políticamente afines al Ejecutivo. No es el problema el CPCCS sino el sistema político ecuatoriano, que no ha permitido que cumpla con las funciones para las que fue constituido”. Sin embargo, esto no detuvo al Ejecutivo que plantea, mediante consulta popular traspasar al Legislativo la facultad de seleccionar a los titulares de los organismos de control. Eso dejaría al CPCCS solo con la función de incentivar la participación ciudadana y la lucha contra la corrupción.

De su parte la  profesora universitaria y analista política Carol Murillo,  explica en un video que circula en las redes sociales que los cuestionamientos están redactados y de forma “astuta”  buscan alterar y destruir la actual Constitución sin que nadie lo sospeche. La trampa de la consulta popular que impulsa hoy el gobierno del presidente Guillermo Lasso no está en las ocho preguntas, sino en sus anexos, advirtió la socióloga y analista ecuatoriana.  Por ello llamó a votar  “ocho veces No”, es decir, rechazar todas las preguntas que aparecerán en la boleta de la consulta popular, las cuales se refieren a temas como seguridad, transparencia, registro de partidos políticos y conformación del legislativo.

No nos engañemos más, no nos dejemos engatusar otra vez, esta consulta es para decirle no a un Ejecutivo de ricos que gobierna solo para ellos, enfatizó la analista política, que mencionó la pobreza y la situación de los hospitales como ejemplo de los problemas del país sin resolver. Votar NO -insistió- es lo más digno que podemos hacer este 5 de febrero “para defendernos de Lasso, su ambición y cobardía política” terminó manifestando la docente universitaria Carol Murillo.

Finalmente señalamos con altivez y clara voz, a los cuatro vientos, que somos un País conformados por gente buena, sencilla y sensible, amable, que respeta y aspira ser respetada, y que exigimos a los gobernantes y funcionarios públicos cumplan con su deber que inviertan y controlen adecuadamente los fondos públicos y que recuerden siempre que el hecho de ser pasivos no significa que nos falte coraje para reclamar con altivez, con el puño levantado y patriotismo nuestros derechos, cuando sea necesario con  el grito de  rebeldía “aquí estamos y estos somos”. Así sea.