El Dr. Byron Cabrera Lalangui, especialista en derecho territorial, sostiene que los pueblos de América tienen derecho a la democracia y sus gobiernos la obligación de promoverla y defenderla porque la democracia es esencial para el desarrollo social, político y económico de los pueblos.

El ejercicio efectivo de la democracia representativa es la base del estado de derecho y los regímenes constitucionales de los gobiernos, se refuerza y se profundiza con la participación permanente, ética y responsable de la sociedad en un marco de legalidad conforme al respectivo orden constitucional.  Indica que son elementos esenciales de la democracia representativa, entre otros, el respeto a los derechos sociales y a las libertades fundamentales; el acceso al poder y su ejercicio con sujeción al estado de derecho; la celebración de elecciones periódicas, libres, justas y basadas en el sufragio universal y secreto como expresión de la soberanía del pueblo; el régimen plural de partidos y organizaciones políticas; y la separación e independencia de los poderes públicos. Asimismo, nos indica que son componentes fundamentales del ejercicio de la democracia la transparencia de las actividades gubernamentales, la probidad, la responsabilidad de los gobiernos en la gestión pública, el respeto por los derechos sociales y la libertad de expresión y de prensa. La participación social y la representación política adecuada son las bases de la democracia, y los gobiernos locales son los que tienen mayor presencia en la vida cotidiana de la sociedad. Estos, promueven mecanismos para facilitar la participación social en la vida política, impulsando el desarrollo, la autonomía y fortalecimiento institucional de los GAD, a fin de promover condiciones favorables para el desarrollo económico, social y sostenible de sus habitantes; fortalecerán la capacidad institucional de los GAD para permitir la plena y equitativa participación social en las políticas públicas sin discriminación alguna y para facilitar el acceso a los servicios esenciales para mejorar la calidad de vida y fortalecerán la descentralización y el desarrollo integral de estos servicios, mediante un financiamiento adecuado y oportuno de iniciativas que permitan a los GAD generar y administrar sus propios recursos; promoverán el intercambio de información, practicando técnicas administrativas entre funcionarios de los GAD,  asociaciones, y la sociedad, facilitando el acceso a las tecnologías de información y comunicación; impulsarán la cooperación local y nacional para la capacitación de los dirigentes y mandos medios de los gobiernos locales; promoverán la realización de reuniones con los responsables de las políticas de descentralización, gobierno local y participación social; respaldarán el Programa de Cooperación en Descentralización y Gobierno Local. La protección universal y la promoción de los derechos humanos —incluyendo los derechos civiles, culturales, económicos, políticos y sociales, así como el respeto a las normas y principios del derecho internacional humanitario, con base en los principios de universalidad, indivisibilidad e interdependencia— son fundamentales para el funcionamiento de las sociedades democráticas, y subrayando la importancia del respeto al Estado de Derecho, el acceso equitativo y efectivo a la justicia y la participación de todos los sectores de la sociedad en la toma de decisiones públicas. Indica que los GAD deben continuar desarrollando programas y actividades dirigidas a promover los principios y prácticas democráticas y a fortalecer la cultura democrática en sus territorios, considerando que la democracia es un sistema de vida fundado en la libertad y el mejoramiento económico, social y cultural de los pueblos. Los programas y actividades se dirigirán a promover la gobernabilidad, la buena gestión, los valores democráticos y el fortalecimiento de la institucionalidad política y de las instituciones de la sociedad civil.  Cabrera Byron, finalizó mencionando que se debe prestar atención especial al desarrollo de programas y actividades para la educación de la niñez y la juventud como forma de asegurar la permanencia de los valores democráticos, incluidas la libertad y la justicia social.