Antonio C. Maldonado V. 

Parecería que continuamos en el periodo del apocalipsis, como lo puntualiza el escritor español Vicente Blasco Ibáñez en su novela “Los cuatro jinetes del apocalipsis”, que en diversas adaptaciones ha sido llevada a la pantalla grande y chica y su argumento es la historia de dos familias ideológicamente enfrentadas, los Desnoyers y los Von Hartrott, que se enfrentarán en bandos opuestos en la Primera Guerra Mundial, que produjo el hambre, la peste y la muerte son los cuatro jinetes de los que el autor se sirve para representar el avance del horror y la desolación que desgarraban Europa (…); pues, en nuestro país cada día y momento desempeñamos las restringidas actividades en el escenario ponzoñoso que se atraviesa tanto por las medidas que adoptan las autoridades gubernamentales en todos los órdenes para tratar de solucionar el diluvio de la estación invernal que continuará hasta mayo causando innumerables perjuicios con mayor fuerza en varias provincias del país que son de conocimiento de todos y sin dejarnos descansar se produce el dramático movimiento sísmico o más claramente dicho el terremoto del 18 de marzo de este año con perjuicios materiales y pérdidas de vidas humanas que según se difunde diariamente aumentan y consecuentemente el Gobierno Nacional como los Autónomos Descentralizados tienen que con la urgencia requerida seguir atendiendo los desastres de las inundaciones imprevistas como el ocurrido en la madrugada del 22 de marzo con el desbordamiento del río Guayas y el Estero Salado en Guayaquil; atención que posiblemente en las partidas del Presupuesto Nacional como en las de los Seccionales no han estado incluidas y si se ha hecho constar es en sumas prudentes en caso de necesitarlas. 

En conocimiento de gran parte de los habitantes comienza a difundirse la delicada situación político-administrativa que se atraviesa, cobrando renombre la aprobación por la Asamblea Nacional para el enjuiciamiento del Presidente de la República Guillermo Lasso Mendoza por haber incurrido en la causal 2 del artículo 129 de la Constitución, que dice: “La Asamblea Nacional podrá proceder al enjuiciamiento político del Presidente o Vicepresidente de la República, a solicitud de al menos una tercera parte de sus miembros, en los siguiente casos: 2. Por delitos de concusión, cohecho, peculado o enriquecimiento ilícito” y lo aprobado por la Asamblea es solo por los delitos de concusión y peculado, resolución que tiene que pasar a la Corte Constitucional para que en el plazo de 6 días emita un dictamen de admisibilidad, convirtiéndose en el árbitro cuya resolución definitiva da termino al problema; luego de notificado a las partes, sea favorable o no, lo siguiente es que el Presidente de la Asamblea Nacional, en el plazo de 3 días de recibirlo lo ponga en conocimiento del Consejo de Administración de la Legislatura: si el dictamen de la Corte es negativo, se archiva la solicitud y termina el proceso, si es favorable, se remite a la Comisión de Fiscalización para que continúe con el trámite; la calificación de la solicitud para enjuiciamiento político no ha podido concretarse debido a una serie de errores que fueron encontrados en el documento ¿seguiremos en tensión hasta que se corrija? 

Algo de lo expuesto aumenta en el enfrentamiento de las organizaciones políticas y clasistas que claman por justicia, seguridad y trabajo, aunque como vivimos en el mundo de “replay” dejamos de ser uno de los primeros exportadores de banano, camarón y otros para convertirnos en los de drogas a Europa.