Santiago Armijos Valdivieso

En el sur de Guayaquil, el martes 28 de marzo de 2023, a las 20h30, Nathaly López Borja (35 años), directora administrativa del Hospital Teodoro Maldonado Carbo, dentro de su vehículo, fue asesinada a balazos por dos delincuentes que iban en una motocicleta.

Un mes y medio antes, Francisco Pérez, gerente general de la misma casa de salud, sufrió un intento de secuestro al arribar a su domicilio en el norte del puerto principal del Ecuador.

Entre el 28 y el 29 de marzo de 2023, seis funcionarios del mismo sanatorio del IESS, vinculados a la tramitación de procesos de contratación pública, renunciaron a sus cargos, luego de recibir amenazas de muerte por mensajes de WhatsApp y llamadas telefónicas.

Todo este horror ocurre cuando las autoridades de esa entidad llevan adelante acciones para limpiar y transparentar procesos de contratación pública.

Es una verdad de Perogrullo que la contratación pública ha sido, y sigue siendo, el principal foco de corrupción en el Ecuador. Ello, porque las finanzas y el patrimonio de muchos políticos están vinculados, umbilicalmente, a los contratos públicos que pueden influir para que se adjudiquen. Precisamente, a través de la contratación pública, los politiqueros se hacen ricos y pagan favores, sumisiones y complicidades, sin importar el bien común que dicen defender.

Nadie duda que los contratos públicos son esenciales para que las instituciones cumplan con sus deberes y atiendan las necesidades sociales. Lo grave está en que el Estado, a través de sus representantes, contrate obras que la colectividad no necesita, pacte sobreprecios y suscriba contratos complementarios innecesarios, acordados por debajo de la mesa.

El tema se torna más grave porque contamina a un numeroso grupo de contratistas privados, quienes para ser beneficiados por la “cofradía de la corrupción” deben estar dispuestos a ser parte de la maléfica rueda: pagando sobornos, presentando facturas infladas y cumpliendo estrictamente las condiciones que imponen las torcidas reglas de la  corruptela.

Terroríficamente, este gravísimo problema ha llegado a extremos inimaginables en el caso del Hospital Teodoro Maldonado Carbo, en el que el asesinato de su directora administrativa y las amenazas de muerte a varios funcionarios tendrían como móvil la contratación pública por ser una jugosa fuente de dinero y de poder a la que la delincuencia no está dispuesta a renunciar.   

¿Por qué hemos llegado a estos extremos? ¿Por qué nuestro país se ha convertido en una especie de terrorífico manicomio en el que el poder político y económico son el “dios todopoderoso”? ¿Por qué todo intento de enmendar las cosas fracasa?

Sin duda hay muchos responsables, pero podemos identificar como principal: a gran parte de la clase política que ha gobernado en estas dos últimas décadas, la cual sigue dinamitando nuestra débil democracia con irracionales peleas por captar el poder, mediante grotescos espectáculos politiqueros y bajo el pretexto de defender los intereses del pueblo, al que precisamente engañan y perjudican con deslealtad y corruptelas.

Mientras los enceguecidos pleitos por captar el poder, para repartírselo furiosamente, sigan siendo la prioridad de la mayoría de políticos, y los ciudadanos sigamos avalándolos con el voto irresponsable y populista, el país seguirá en el caos, la inseguridad y la incertidumbre.