Ecuador: escenario de delincuencia y de un gobierno sin ideas.

Christian Cano Zambrano

Los estudios de opinión pública en nuestra región muestran que en la última década la inseguridad se empieza a convertir en la principal preocupación de los ciudadanos. Algunos gobiernos, organismos internacionales y la sociedad, culpabilizan a los medios de comunicación de acrecentar la preocupación por la recurrencia de noticias sobre delitos. Sin embargo, las evidencias sobre su incidencia son dispares, y los distintos tipos de recepción de una misma noticia están condicionados por una serie de variables.

No es posible que en lugar de avanzar y progresar hayamos retrocedido abismalmente y luego de haber sido una isla de paz, ahora seamos un país reino de corrupción. Quienes nos gobiernan actualmente, tiene que encontrarse a sí mismos y cumplir con las promesas de campaña que están en el limbo; que busque la ayuda de las universidades, instituciones, expertos en seguridad, y aporte de nuestras Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional, gobiernos provinciales, para combatir el gran fenómeno social que ha cogido cuerpo y nos está afectando grandemente. En muchas ocasiones el presidente ha decretado un estado de excepción que no ha dado frutos. Existen muchos delitos en Ecuador, ataques de sicarios dejando muerte y dolor, negocios lucrativos del tráfico de drogas, narcotráfico… Finiquitemos la tabla de consumo de drogas. Crear centros de desintoxicación que deberán tener atención de especialistas.

Desde el gobierno, se parece perder de vista que, en Ecuador, apenas el 30% de la población económicamente activa tiene un empleo adecuado —que incluyen trabajo por ocho horas diarias, un pago del salario mínimo y prestaciones sociales obligatorias por ley—. El resto sobrevive al día. Según un informe de la Organización de las Naciones Unidas y el Banco Mundial, 60% de los hogares ecuatorianos aún no han podido alcanzar los niveles de ingreso que tenían antes de la pandemia. Además, la pérdida de empleos ha afectado especialmente a las mujeres —sobre todo a las madres de niños pequeños—, los trabajadores mayores y aquellos con más bajo nivel educativo.

Es comprensible que en la zozobra que vive el país por los crímenes violentos, la primera reacción de la ciudadanía, pretenda respaldar a la Policía y arremeter contra la delincuencia. El peligro de esa visceralidad es que nos olvidemos que tiene que haber garantías cuando la Policía ejerce su trabajo y eso pasa por el uso proporcional de la fuerza. Sí, puede detener a un ladrón. No puede disparar por la espalda. Esas garantías que pueden parecer excesivas cuando parece que el crimen domina al país son, en realidad, necesarias para evitar abusos policiales.

La historia de Ecuador —y de la región— nos ha demostrado que la mano dura no solamente es el “caldo de cultivo” para los excesos de las fuerzas armadas y de los gobiernos y que, además, solamente ataca lo superficial. No necesitamos eso. Necesitamos una Policía que actúe respaldada por la legalidad y un gobierno que también se ocupe de atacar las causas más profundas; una de ellas, la desigualdad.

Si queremos reducir la delincuencia hay que actuar desde la política económica y social para generar plazas de empleo y asegurar la cobertura de las necesidades básicas de la población. Es en la pobreza, en la desesperación de la gente, en la falta de oportunidades y en la ausencia de política social, por el abandono del Estado, en donde el crimen organizado encuentra asidero para crecer. Queremos eliminar la delincuencia, hay que decirles no a propuestas demagogas, y exigir acciones concretas para erradicar la pobreza.