Nos encontramos a menos de un mes de la posesión de las nuevas autoridades seccionales, las cuales, desde el punto de vista técnico y profesional, conocen la problemática ante la cual deberá guiar todos sus esfuerzos para tratar de generar mayor bienestar y satisfacción ciudadana, independientemente de los exitosos o fallidos procesos de transición que tuviesen que haber atravesado hasta la fecha actual.

Desde ese punto de vista, la mayoría de ciudadanos esperan que sus autoridades tengan la capacidad de generar soluciones, no obstante, ante la posible falta de capacidad, estos pueden llegar a generar más bien, problemas de mayor complejidad, que ahonden en los problemas de institucionalidad, gobernabilidad, gobernanza y de legitimidad, bajo la típica “justificación” de “la culpa es de mis antecesores”, como si la gestión pública fuera algo estático y las herramientas de gestión estuviesen por fuera de su esfera de competencias y facultades.

Si bien es cierto, la peor gestión es la que se realiza sin recursos, hay alternativas totalmente factibles que guían un camino efectivo a seguir. En este caso, la generación de recursos propios se puede lograr dejando de lado el populismo y el paternalismo, que ha convertido a nuestra sociedad, en una instancia que se cree dueña de todo y responsable de nada.

Es importante entender que una autoridad pública que genera problemas no solo causa problemas en la sociedad, sino que también socava la confianza y credibilidad de la gente en la administración pública y en el sistema político en general. La falta de transparencia, incompetencia, falta de compromiso con los ciudadanos, corrupción y prepotencia son características negativas que pueden llevar a una mala gestión pública y a un deterioro de la calidad de vida de los ciudadanos. En cambio, una autoridad pública efectiva y comprometida con el bienestar de sus ciudadanos, que se centra en dar soluciones antes que generar más problemas, puede mejorar significativamente la calidad de vida y la confianza en la administración pública.

Por lo indicado, una autoridad pública efectiva es aquella que tiene la capacidad de liderar y gestionar de manera competente y transparente, considerando las necesidades y preocupaciones de las personas y comunidades a las que atiende. Esta autoridad debe ser responsable de sus acciones y decisiones, y estar dispuesta a rendir cuentas de sus resultados. Además, debe trabajar de manera eficiente y efectiva, utilizando los recursos de manera adecuada para lograr los mejores resultados posibles, y estar dispuesta a colaborar con otras autoridades, organizaciones y grupos de la sociedad civil para lograr soluciones efectivas y sostenibles. Una autoridad pública efectiva también debe ser empática, comprendiendo las situaciones y realidades de las personas y comunidades a las que atiende, y ser flexible, adaptándose a las nuevas circunstancias y desafíos para lograr sus objetivos. En resumen, una autoridad pública efectiva es aquella que trabaja con un enfoque centrado en las personas, colaborativo, transparente y en constante aprendizaje y mejora.