Antonio C. Maldonado V. 

Hace poco más de un mes se ha venido rumoreando, por algunos asambleístas de agrupaciones políticas opositoras al actual gobernante, el enjuiciamiento por haber cometido el delito de peculado, con anterioridad al ejercicio de la dignidad que le otorgó el pueblo, esto es, cuando no era presidente de la República, simplemente porque tuvo conocimiento. 

Iniciado el trámite del proceso en cumplimiento de la facultad que le confiere la Constitución de la República a más de la de legislar, en lo que hay una morosidad gigantesca, también tiene la de fiscalizar al sector público, encabezado por el presidente de la República; un mayoritario número de asambleístas auspiciaban la denuncia capitaneada por los integrantes de la agrupación política Unión por la Esperanza (UNES), identificada por su líder el Econ. Rafael Correa Delgado, expresidente de la República, actualmente exiliado en la República de Bélgica; pero en el intento de enjuiciamiento político, el legislador Fernando Villavicencio, presidente de la Comisión de Fiscalización para el que no había funcionario público o privado que presumía haber cometido delitos contra el Estado perjudicando al Erario Nacional o sea del pueblo ecuatoriano, desde el inicio calificó de un absurdo el delito por el que se quería juzgar al presidente, comenzándose a amontonar documentos que solicitaban los peticionarios y los que ellos habían adquirido, especulándose inclusive que al presidente no le queda otro escudo que optar por la llamada ahora “muerte cruzada”, a lo que en un principio los principales opositores se oponían; pero como en el momento actual parece que les van a faltar los votos para la destitución o no están seguros de contar con una mayoría planificada, no solo que apoyan la “muerte cruzada”, sino que fervorosamente pretenden contar con el apoyo de otras agrupaciones, estimando que en la Asamblea que debe convocarse tendrán mayoría. 

Por su parte, el presidente, enjuiciado por un grupo de asambleístas, como si no sucediese nada, periódicamente nombra nuevos ministros y últimamente a los generales retirados Paco Moncayo y Wagner Bravo para dirigir la estrategia de seguridad del país y, en particular, según difunden los medios de comunicación, combatir con “mano dura” el crimen organizado, garantizando en el menor tiempo la seguridad ciudadana para lo cual se requiere la colaboración de la Función Judicial, la Fiscalía General del Estado y el Consejo de la Judicatura, cuyos integrantes exigen a la Asamblea las correspondientes reformas constitucionales que no se llevan a efecto y que se requiere para que puedan utilizarlas en el combate a la delincuencia y otros problemas, como las que se necesita para evitar las proclamas del sector laboral, citando un ejemplo, porqué los trabajadores del sector privado solamente tienen 15 días de vacaciones ¿trabajan acaso menos que la burocracia estatal?. 

Esperemos que paren las pérdidas de tiempo en los enjuiciamientos diarios de todos contra todos porque de eso nada beneficioso se obtiene.