Una de las aristas del combate al narcotráfico y crimen organizado es el sistema de justicia y ahí existe una entidad creada para financiar, desde el Estado, la defensa de las personas que no tuvieran las condiciones económicas para contratar dichos servicios y caer en la indefensión; sin embargo, según las estadísticas de atención, la mayor parte de los patrocinios serían a la delincuencia.

El abogado en libre ejercicio, Iván Roldán Rogel, cree que el Estado está pagando la defensa jurídica de los delincuentes, a través de la Defensoría Pública, quienes estarían diligentemente facilitando los procesos para dejarlos en libertad. “El estado debería dejar de estar patrocinando la defensa, ya que son los primeros en ir a amparar los derechos de los delincuentes”, precisó.

A su criterio, es inadecuada la defensa de quienes delinquen e integran el crimen organizado, ya que habría mucha agilidad en protegerlos en las audiencias. “El Estado les paga para que garanticen los derechos constitucionales, pero en la mayoría de los casos están en los tribunales penales», cuestionó, a la vez de resaltar que dicha institución se mostraría predispuesta a trabajar para esos sectores. “Hay que ir a los juzgados penales para verificar que en los casos de asaltos, violación, tráfico de drogas y delincuencia transnacional, los asesores en Loja, son los defensores públicos”, relató.

Según el abogado con amplia trayectoria jurídica, las estadísticas serían muy ilustrativas frente a la realidad que se estaría viviendo, ya que incluso, en la mayoría de casos, el Estado está financiando la defensa técnica jurídica de quienes sí cuentan con recursos económicos. “De los 200 procesos penales, entre enero y febrero de 2023, 180 han sido patrocinados por los abogados de la Defensoría Pública, en favor de los delincuentes”, insistió en los cuestionamientos, pero, además precisó que, “el mismo Estado está patrocinando la impunidad, en contra del ciudadano en común”, concluyó.

La página web de la Defensoría Pública da a conocer las áreas en las que se prestaría patrocinio: mediación, penal, víctimas, familia, niñez y adolescencia, beneficios penitenciarios, garantías jurisdiccionales, laboral, adolescentes en conflicto con la ley, movilidad humana e inquilinato. «Defender gratuitamente a las personas en condiciones económica, social y cultural de vulnerabilidad o en estado de indefensión, garantizando su acceso a la justicia, a un juicio justo y el respeto a los derechos humanos», reza el texto de la misión institucional. (I)