La Defensoría Pública es la entidad encargada de garantizar el derecho a la defensa de los procesados, ya sea bajo pedido del interesado o por disposición de un juez.

La Defensoría Pública es una institución creada con la finalidad de cumplir con los parámetros constitucionales y acuerdos supranacionales en materia de derechos humanos, ya que el derecho a la defensa jurídica contaría con esa categoría que debe ser garantizado, ya sea por disposición de un juez, como también a pedido de las personas.

El derecho a la defensa

María Cristina Meneses Sotomayor, delegada provincial de esta institución, le dijo a Diario Crónica que la Comisión Interamericana ha observado el incumplimiento de protección por parte del Estado. “El estándar de cumplimento de este derecho a la defensa se sustenta en la medida que un procesado cuente con un abogado, ya que la constitución establece la asistencia técnica jurídica, que puede ser privada o que dependa del Estado”, precisó la funcionaria. “Esta institución no solo existe en Ecuador, sino en todos los países del mundo”, detalló, al tiempo de comentar sobre el caso ecuatoriano de tener facultades mucho más amplias. “Nosotros no solo defendemos casos penales, sino también, atendemos a víctimas de violencia de género, intrafamiliar, sexual; asesinatos, femicidios, homicidios; delitos de odio y contra la humanidad”. Además, en materia de familia, el patrocinio se orienta a juicios de alimentos, patria potestad y tenencia. “En materia laboral atendemos al trabajador; movilidad humana, en legalización; en los temas de inquilinato, ya sea al arrendador como también al inquilino”, afirmó la funcionaria.

En materia penal, los abogados de la Defensoría Pública atienden en todos los casos, ya sea de quienes estuvieran privados de la libertar o en proceso de acusación de delitos. “Siempre y cuando no cuente con los recursos suficientes para contratar un abogado particular”, ya que los jueces necesitan garantizar el debido proceso. “Si en audiencia se necesita un abogado, el juez dispone a la Defensoría para que asuma el amparo del procesado”, por lo que resaltó el volumen de patrocinios en materia no penal durante los primeros meses del presente año.

Atención en cifras

Meneses Sotomayor explicó que, en el primer trimestre de 2023, se habrían atendido 1021 personas en materia de niñez y adolescencia; 792, en violencia a víctimas; 1600, en demandas penales; 276, en materia laboral. Estas cifras no inclusive las atenciones en demandas civiles, inquilinato, movilidad humana y constitucional”, las mismas que son el resultado de los pedidos de defensa, como también disposiciones de la autoridad competente.

Puntos de atención en la provincia

Asimismo, se dio a conocer que el centro cuenta con veinte abogados en toda la provincia de Loja, 6 de los cuales atienden en los cantones, donde deben dar un servicio multicompetente. “Tenemos un punto de atención en el centro de privación de libertad, en los cantones de Saraguro, Catamayo, Calvas (Gonzanamá y Espíndola), Chaguarpamba, con cobertura en Paltas; Celica, con influencia en Puyango y Pindal; y, un punto de atención en Macará, incluido Zapotillo”, relató. “En demandas penales y de violencia no hay limitantes para dar atención jurídica en la institución; mientras que, en niñez y laboral sí depende de las condiciones económicas de los requirentes del patrocinio”, proceso que depende del cotejamiento de información que permita saber “a qué persona vamos a atender”.

Déficit de defensores públicos

María Cristina Meneses aseveró que existe un déficit de defensores públicos a nivel nacional. “Lamentablemente, por la situación económica, el Consejo de la Judicatura no ha incrementado las partidas presupuestarias”, por lo que dijo que en los cantones de la provincia de Loja existe un abogado que se encarga de la defensa en todas las demandas. “La carga laboral es bastante grande y el funcionario no se da abasto para atender todas las necesidades ciudadanas”, insistió. Sin embargo, la falta de abogados se estaría supliendo con la implementación de consultorios jurídicos gratuitos, en convenios con municipios o, como en el caso de Loja, con las universidades de la ciudad.

“Nosotros no defendemos a ciudadanos buenos o malos; a inocentes o culpables; nosotros defendemos a seres humanos”, finalizó la delegada provincial de la Defensoría Pública en la provincia de Loja. (I)