Quilanga, 10 de agosto de 2023

La fatídica noche del nueve de agosto, el país, atónito y absorto pudo ver, escuchar y sentir los alcances que genera la violencia, venga de donde venga, vilmente fue segada la vida de un líder político, candidato presidencial, así como él, han sido asesinados cientos y miles de ciudadanos en las calles, en las cárceles, en el campo, en la ciudad y hasta en la casa.

Las muertes incontables, algunas visibilizadas y puestas en escena por los medios y la tecnología de comunicación supera la racionalidad, la inteligencia y los valores innatos del ser humano, dando paso al salvajismo cruento e inhumano. También hay muertes no visibilizadas, que no cuentan socialmente y que quedan en el olvido del estado y el recuerdo impotente de la familia y de la sociedad que poco o nada puede hacer.

La noche del nueve de agosto, trae a la memoria otros crímenes políticos, rememoremos el dos de agosto de 1809 y el diez de agosto de 1810, en donde patriotas, hoy héroes nacionales fueron asesinados por luchar por la patria, su libertad y soberanía; resistieron y dejaron huella cuya semilla dio frutos un veinticuatro de mayo de 1822.

En lo que prosigue de nuestra historia de república democrática y soberana y que ha caminado entre vaivenes de gobiernos legítimamente electos, de gobiernos de facto y dictaduras militares, se han sucedido hechos dolorosos y no esclarecidos como el caso de Abdón Calderón en 1978, de la maestra Consuelo Benavides en 1985, del general Gabela en el 2010, por mencionar unos nombres, cuyas vidas fueron segadas en distintos momentos y circunstancias, pero dentro de un ambiente político duro y violento.

El caso en cuestión, del autocalificado periodista de investigación, del político-candidato presidencial, del exsindicalista petrolero y denunciante de múltiples casos de corrupción de actores políticos, Fernando Villavicencio, es relevante por la ola de violencia, crímenes, narcotráfico, mafias que nuestra patria vive desde años atrás y profundizados en los último cuatro años, por citar un ejemplo, sólo en las cárceles del país se han asesinado a 411 ecuatorianos. El Estado es responsable de garantizar la vida y seguridad como derechos inalienables del ciudadano, la justica de juzgar a los responsables con el rigor de la ley y los ciudadanos de cuidarnos y protegernos en defensa de la vida.

Dado el ambiente electoral muy cercano el caso gravita aún más la débil institucionalidad, la democracia y el liderazgo de los gobernantes llamados a garantizar la paz y el orden a través de la prevención del crimen y de la impunidad. La Constitución de la República señala específicamente las atribuciones y competencias tanto de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas en los artículos 158 y 159, en los que determina que su deber primordial es la protección de los derechos, libertades y garantías de las personas que vivimos en el país, sin diferencias de ninguna naturaleza.

Estamos de luto, nos duele como patria, como ciudadanos de a pie, no es necesario ser simpatizante para no comprender la magnitud de lo que ocurre en el país. NO son suficientes las declaraciones de las autoridades de los distintos poderes del estado, de los candidatos y líderes políticos, NO basta con declarar tres días de duelo nacional, NO basta con decretos de excepción y movilización de las FF. AA., que no han funcionado, NO y NO.

La muerte y el luto deben llevarnos a luchar por la integridad y dignidad de la vida, de la justicia, de la paz y de la soberanía.