Santiago Armijos Valdivieso
Uno de los extravagantes desaciertos de la Constitución elaborada en la Asamblea de Montecristi fue la creación de la cuarta función del Estado, denominada pomposamente “Función de Transparencia y Control Social”, cuyo fin es promover, a través de la sociedad, el control de las entidades y organismos del sector público y la designación de las autoridades de control, incluido Contralor, Fiscal General, Procurador General, Consejo de la Judicatura, Consejo Nacional Electoral, Superintendencias, etc. Se entiende que aquello se dio como “ingenioso” remedio a las incorrectas prácticas del pasado, en las que los partidos políticos, a través del Congreso Nacional, designaban, de acuerdo con su mezquina conveniencia, a las más altas autoridades judiciales y de control.
Lamentablemente, el remedio fue mucho peor que la enfermedad, toda vez que varios integrantes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, quienes se han sucedido en las funciones a lo largo de quince años, lejos de representar a los sagrados intereses de la ciudadanía, lo único que han hecho es defender atropellada y ciegamente los intereses electoreros de partidos y movimientos políticos, sin considerar las normas constitucionales y legales que imperan en el Ecuador. Es más, el accionar que ha cumplido el Consejo de Participación, desde el inicio de sus funciones, forma una larga lista de escándalos jurídicos y políticos que, en vez de ayudar a la consolidación del Estado de Derecho y de la democracia, han torpedeado la débil institucionalidad del país. Ello, mediante cuestionables procesos de selección y designación de varias autoridades de control.
Una de las últimas “perlas” que nos ha arrojado el inefable Consejo de Participación Ciudadana ha sido la revisión del proceso de selección y designación de los jueces de la Corte Constitucional y de la Fiscal General del Estado, cuya labor no es del gusto de cierto movimiento político y, a pesar de que existe resolución constitucional que lo impide. También lo es: el proceso de selección de Contralor General del Estado en el que, aunque hay un ganador del concurso, no se quiere designarlo porque parecería no es del agrado de directivos de dicho organismo.
Con ello, el país nuevamente vive otro triste y vergonzoso episodio de incertidumbre en el que el gran perjudicado es el Ecuador, al que el mundo lo verá como un país regido únicamente por el capricho de los políticos, más no por las reglas de un Estado de Derecho.
Ojalá la Corte Constitucional haga lo suyo y, urgentemente, ponga orden jurídico en el peligroso caos que nos envuelve y desespera.