Fernando Cortés Vivanco
La inteligencia artificial (IA) fue la gran ganadora del debate presidencial, pero ¿realmente puede solucionar todo? La aplicación de la IA en política tiene muchas aristas; en pos de no ser reduccionista, abordaré en esta ocasión la IA en la educación. La IA se presenta como una solución transformadora. Sin embargo, su implementación trasciende lo meramente tecnológico para constituirse en un fenómeno fundamentalmente político que demanda un análisis crítico desde la perspectiva de las políticas públicas.
La promesa de optimización y personalización del aprendizaje mediante IA enfrenta limitaciones estructurales. Como señala la Unesco, su efectividad depende de marcos normativos y políticas regulatorias adecuadas. La IA, lejos de ser neutral, opera como un dispositivo de poder que puede amplificar desigualdades existentes si no se implementa bajo principios de equidad.
Un desafío central radica en la gobernanza: mientras los Estados promueven la digitalización educativa, las corporaciones privadas mantienen el control sobre las plataformas y algoritmos, generando tensiones sobre la definición de calidad educativa y los fines del proceso formativo. Esta realidad exige una arquitectura institucional robusta que garantice transparencia, privacidad y equidad en el uso de la IA.
La implementación efectiva de la IA en educación requiere tres ejes fundamentales de política pública. Primero, una regulación ética que asegure algoritmos educativos transparentes y libres de sesgos discriminatorios. Segundo, desmercantilización de la educación digital, estableciéndola como derecho y no privilegio. Y tercero, empoderamiento de docentes y estudiantes, preservando la autonomía pedagógica y el pensamiento crítico.
Collin y Brotcorne destacan que «la brecha digital no es solo un problema de acceso a tecnología, sino un reflejo de las relaciones de poder que estructuran la sociedad» Por ello, la política pública resulta crucial para evitar que la IA reproduzca o profundice exclusiones estructurales. El Estado debe asumir un rol activo en la supervisión y orientación de estas tecnologías hacia el bien común educativo. En definitiva, la IA en educación requiere una aproximación que equilibre innovación tecnológica con justicia educativa. Su implementación demanda política que garantice acceso equitativo y evite la mercantilización del derecho a la educación, asegurando que la tecnología sirva como herramienta de inclusión y no de segregación.