Jeamil Burneo
La impotencia que produce un embotellamiento urbano no es solo una molestia pasajera; es un síntoma. En Loja, esa sensación de desazón —que se agudiza en fechas festivas, cuando la prisa y la ansiedad colectiva nos empujan a rutas que normalmente evitamos— nos recuerda algo más profundo: la ciudad está enferma. No se trata de un problema menor de tráfico, sino de la descripción de un artefacto urbano que no funciona sin planos, una colcha territorial con retazos mal cortados y peor cosidos.
La ciudad, entendida como sistema vivo, acusa fallas cuando sus flujos se interrumpen. Ya se ha hablado en esta misma columna de la necesidad de conectar nuevas arterias al norte de Loja. Sin embargo, el mismo principio es urgente en el sur y suroriente: ¿cómo conectar esos sectores con la avenida Kingman sin seguir cargando todo el peso sobre la avenida Orillas del Zamora, convertida desde hace años en un cuello de botella estructural?
La orografía es compleja, sí, pero no imposible. Barrios como Yaguarcuna, La Pradera o El Pucará imponen restricciones técnicas, no prohibiciones absolutas. Es precisamente en El Pucará en donde podría estructurarse un nodo urbano estratégico que articule la antigua planta de tratamiento de agua potable, la obsoleta infraestructura de la cárcel de Loja y la transición al sector de Los Faiques. No es casual que, en la memoria popular, persista la leyenda del llamado “túnel chino”, ese pasaje casi mítico que fue destino recurrente de generaciones de estudiantes bernardinos.
Hoy, en ese mismo sector de Los Faiques, observamos tensiones individuales que lesionan el bien colectivo. Terrenos públicos que han permanecido abandonados por más de seis décadas, convertidos en muladares y refugios de irregularidades, sin cerramientos ni uso social alguno. El Municipio exigió reiteradamente a la Prefectura, propietaria del predio, que, al menos por su condición de bien público exento de tributos, se los destine a una obra de interés general. La respuesta ha sido, durante años, el silencio, la postergación y las represalias juradas a su mentalizador, el “Chato Castillo”, con el afán del reduccionismo local que intenta posicionar narrativas enfocadas en desdibujar acciones que efectivamente ubicaron a Loja en un sitial de respeto y liderazgo internacional inclusive.
En el 2012, considerando la planificación urbana del momento, ya se dispuso que dicho terreno fuera entregado al Ministerio de Salud para la construcción urgente del Hospital Cantonal de Loja. El prefecto de entonces atendió la solicitud de inmediato, y la Cámara Provincial aprobó la entrega. Existen actas de diciembre de 2013 que así lo confirman. El proyecto contemplaba una inversión cercana a los 15 millones de dólares, vital para una ciudad que arrastra un déficit histórico en infraestructura hospitalaria.
Sin embargo, en el 2014, con el cambio de autoridades seccionales, se produjo un quiebre grave. El nuevo prefecto, se negó a ratificar la entrega, alegando una supuesta ilegalidad del acto previo de expropiación y, en un hecho aún más complejo, desaparecieron las actas del Consejo Provincial que respaldaban la cesión del terreno. La Alcaldía de Loja reclamó por el perjuicio causado: el Ministerio de Salud tenía los recursos listos, pero sin terreno no había hospital. Finalmente, el Estado destinó esos fondos a otras jurisdicciones, y Loja perdió una oportunidad histórica.
Como si aquello no fuera suficiente, la Prefectura procedió a construir un cerramiento de ladrillo únicamente en el frente de la avenida Orillas del Zamora, agravando la condición del resto del predio como escondrijo delincuencial. Todo esto mientras la presión vial seguía creciendo y la necesidad del Anillo Vial Oriental se volvía cada vez más evidente.
La planificación urbana de Loja, con ese enfoque, ha demostrado, cuando se le ha permitido actuar, que sabe expandir la ciudad. Así ocurrió con la vía occidental de paso, la avenida de los Paltas, la vía de integración o la avenida Benjamín Carrión. En todos esos casos, se aplicó el mismo principio: notificar a los propietarios para que, a cambio de la plusvalía generada, cedan el espacio para la vía, compensando con ello la Contribución Especial de Mejoras. Así se procedió también con los terrenos del Anillo Vial Oriental, incluso con comunidades religiosas como La Salle. Solo en casos de pequeños propietarios se aplicó reubicación o indemnización.
Este es el punto en el que la planificación deja de ser técnica y se vuelve ética. Loja no puede seguir secuestrada por apetitos electorales que no son políticos tampoco, amplificados por voceros mediáticos que defienden el statu quo. Si se consultara al ciudadano lojano sin esa interferencia, emergería con fuerza una cruzada por restaurar el rol protagónico de Loja vigorosa como guardiana de la frontera sur y como eje histórico de integración con el Perú.
El reto es superar los intereses individualistas y construir un interés colectivo capaz de ejercer rebeldía cívica frente al inmovilismo. Loja, Cuxibamba, Chunwakaru milenario, no puede seguir funcionando como un artefacto mal ensamblado. La ciudad necesita volver a pensarse desde la planificación, en flujos, en nodos y en futuro.