Una manera de contrarrestar a la pandemia del coronavirus es mediante la vacuna en rebaño que se debe aplicar a la ciudadanía. Así se desgaritaron los candidatos presidenciales a lo largo de los debates que organizó el CNE.

El gobierno ofrece vacunar en el transcurso del presente año al menos al 60% de la población con 18’000.000 de vacunas; que a este ritmo tardaría más de tres años, que es insuficiente que ni siquiera alcanzan para vacunar el personal de riesgo como el de salud, peormente a los de la Tercera Edad. Apenas se ha vacunado al 0.1% muy inferior en Latinoamérica en contraste con Chile que es mejor. Nuestro país actualmente tiene 275 000 contagiados y 15.547 muertos. El Ecuador adolece de un sistema deficitario en salud, involucrado con escándalos de sobreprecios en insumos médicos; más empobrecimiento y falta de fuentes de trabajo, constituye el círculo infernal de la pandemia. Aparte que no se cumplió con la Ley de Solidaridad que permitía extender los nombramientos al personal de salud, que incluso se los despidió incomprensiblemente.

Para acelerar el proceso de vacunación y mitigar la propagación de esta temible calamidad, con acertados criterios médicos sugieren que se debería permitir que la empresa privadas y los municipios del país puedan comprar las vacunas, a las 6 empresas farmacéuticas del mundo, para la venta libre o restringida, conforme lo han solicitado en Guayaquil, Quito y Cuenca; a pesar de que existe la prohibición de hacerlo porque son convenios que se realizan de gobierno a gobierno; porque se conoce que las dosis no sobran en el mundo y el interés es que los gobiernos puedan vacunar a la mayor cantidad de personas de manera gratuita, según la OMS.

Ya existen protocolos convenidos entre las instituciones públicas con sus gobiernos en Colombia, Perú y México que han dado pasos para permitir la acción de privados en vacunación debido a la pandemia del SARS-CoV-2. Parece que existiría una predisposición del gobierno para la libre importación de las vacunas; previa autorización de la ARCSA.

Lentitud y poco transparente es el procedimiento sobre las inmunizaciones que realiza el gobierno a través del Ministro de Salud, que está próximo a un juicio político por haberse irrogado determinadas atribuciones que atentan a la ética del ministerio; perjudica a la imagen del gobierno y desespera a una población que cada hora existen 50 contagiados más, debido a las aglomeraciones irresponsables por las campañas políticas y feriados de carnaval. Según el criterio de la ciudadanía para salvaguardar su salud está dispuesta a costear su propia vacuna y de su entorno familiar.