Tan ficticia es la cacareada autonomía municipal, que el triunvirato Moreno-Lasso-Nebot les recortó las rentas a todos los municipios del país, se abstuvo de hacerles las transferencias puntualmente y puso de rodillas a más de 200 alcaldes, que por largo tiempo guardaron silencio ante el atropello que se cometía en contra de sus respectivos cantones, hasta que finalmente se encontraron en Quito para desfilar por sus calles con la vana esperanza de que el gobierno cumpliera sus obligaciones económicas.

El prestigio de gallitos que muchos alcaldes tenían en sus jurisdicciones se hizo pedazos ante el real temor de que si se mostraban altivos y reclamaban al gobierno con la gallardía correspondiente a los representantes de la ciudadanía, sobre ellos recaería una feroz persecución como la que se estaba aplicando a los funcionarios del anterior gobierno.

Al terminarse este período presidencial todos los cantones del Ecuador tienen una variedad de problemas y perjuicios como deudas vencidas, graves atrasos en el pago de remuneraciones, postergación de contrataciones, eliminación de obras que estaban constando en los presupuestos del presente año.

Hay una diferencia enorme e insalvable con lo que sucedió en tiempos de Rafael Correa, cuando religiosamente a todos los municipios se les depositaba sus alícuotas en su cuenta corriente, el primero de cada mes. Rafael Correa suprimió el tradicional peregrinaje de alcaldes y prefectos a Quito, para ir a mendigar en el Ministerio de Finanzas las transferencias presupuestadas, peregrinaje que implicaba la pérdida de tiempo en el viaje, el costo de los viáticos y a veces, una buena cantidad de “aceite” para que se movieran los mandos medios.

Los municipios, consejos provinciales y juntas parroquiales sufren una dependencia maligna del ejecutivo, que aniquila la autonomía, en perjuicio de las provincias, cantones y parroquias. Urge una disposición legal que rompa dicha dependencia.
Nuestros asambleístas son los llamados a buscar el remedio, que bien puede ser unos dos o tres artículos que se agreguen a la ley, por los cuales quedará automáticamente cesante el ministro de Finanzas que no deposite en el primer día hábil de cada mes las asignaciones de todos los gobiernos autónomos y además una sanción penal en el caso de que siga ejerciendo las funciones luego de haber caído en esa causal de pérdida del cargo.