La escuela no es solamente los 200 días lectivos

El pasado 7 de junio, el Ministerio de Educación, estableció el regreso a clases presenciales. Que es necesario que los estudiantes regresen a las aulas, nadie discute. En buena parte de los estudiantes creció el aburrimiento y se perdió el interés por la lectura, la escritura y las matemáticas, les faltaba algo que ningún celular o computadora podía darles, el contacto con sus compañeros, profesores y los recreos que disfrutaban antes de la pandemia. Creció además la vulnerabilidad social y la exclusión de miles de alumnos de los sectores suburbanos y rurales, sin embargo, bajo este pretexto, se cedió a la presión política y al poder económico.

El regreso “de manera alternada, paulatina y voluntaria” es falso, porque la mayoría de los 1301 planteles fueron obligados por el Ministerio de Educación en el gobierno del presidente Moreno, a presentar el denominado “Plan Institucional de Continuidad de la Educación – PICE, que los tecnócratas del COE aprobaron tras escritorio. Un Plan de retorno a clases sin medidas e implementos de bioseguridad, sin reparación ni mantenimiento de infraestructura educativa, con carencia de servicios básicos y saneamiento. La Ministra María Brown, reconoce que “no todas las instituciones educativas tienen condiciones para recibir a alumnos en medio de la pandemia por Covid-19… al menos 144 escuelas y colegios ni siquiera cuentan con agua”, esto es un acto temerario que amenaza con afectar la salud y vida de estudiantes, padres de familia y docentes.

El Colegio de Médicos, mediante carta pública al Presidente Lasso, “solicitan enfáticamente suspender la iniciación de clases voluntarias presenciales a fin de evitar una muy probable tendencia aumentar los contagios y fallecimientos por la infección causada por el virus”. Ante este pronunciamiento, deberíamos preguntarnos, ¿quiénes comprobaron si los planteles cuentan con las condiciones y garantías para volver a las aulas? O realmente, el planteamiento de regresar a clases presenciales y la decisión respondieron a intereses económicos.

La escuela no es solamente los 200 días lectivos, es un espacio de convivencia, creatividad, socialización, de construcción de la identidad ciudadana y colectiva. Los profesores unionistas tenemos claro que la enseñanza presencial es la manera en la que los estudiantes aprenden mejor. Que la escuela es también un espacio democrático de formación de la conciencia crítica, la solidaridad y el compromiso a combatir todas las formas de injusticias sociales para garantizar el desarrollo y el bienestar en todos los demás aspectos de la vida humana.

Finalmente, con o sin pandemia, con clases virtuales o presenciales, el combate al más grave problema que afronta el país, –la pobreza y la corrupción–exige que los políticos y el pueblo nos obliguemos a luchar por la defensa de la escuela pública, gratuita y laica, así como el derecho de la educación a lo largo de la vida, sin discriminación de ningún tipo. Por tanto, a defender la vigencia de la Ley Reformatoria a la LOEI sancionada por el Ejecutivo sin veto alguno y publicada en el Registro Oficial.