La falta de control estatal desencadenó en una nueva masacre en el interior de la Penitenciaría de Guayaquil. Analistas jurídicos señalan que es necesario reformar las leyes y actuar con frontalidad utilizando la fuerza pública en estos espacios reducidos.

Reformas

La noche del viernes 12 de noviembre y la madrugada del sábado 13 en la Penitenciaría del Litoral hubo una masacre que dejó 62 privados de libertad asesinados, algunos incluso fueron carbonizados y 44 heridos.

El jurista Galo Ortega Criollo mencionó que con los últimos acontecimientos suscitados en el país, es decir, con la matanza de las personas privadas de la libertad se ha tocado fondo con la crisis del sistema carcelario nacional. “Hay que reconocer que los hechos no solo es culpa del actual Gobierno, también es de los regímenes anteriores. Esto demuestra que el actual mandatario en los más de 6 meses que está en el poder no ha implementado las políticas correspondientes a efecto de evitar este tipo de matanzas”.

Considera que debe existir una reforma al Código Orgánico Integral Penal (COIP) en cuanto a la estructura del sistema penitenciario, estableciéndose que quienes estén al frente sean funcionarios técnicos y de carrera; no de libre remoción y de influencias políticas, lo que impide que se conozca a fondo las falencias del sistema.

Adicionalmente, se debe reducir al máximo la población de personas privadas de la libertad, para ello es necesario que el presidente de la República emita un indulto mayoritario a las personas que están detenidas, a excepción de sentenciados por delitos de violencia sexual, contra la vida y tráfico de drogas; “aunque se corre el riesgo de que los beneficiarios no están preparados para reinsertarse a la sociedad”.

Agregó que “el Gobierno ha perdido el control de las cárceles y si no actúa en conjunto con la Asamblea Nacional reformando las leyes de forma inmediata, en un cierto tiempo se contará los muertos por miles”.

Estado fallido

Patricio Valdivieso Espinosa indicó que lo sucedido en las cárceles es la muestra de un Estado fallido, en donde el ejecutivo no sabe para dónde acudir, es preso incluso de las resoluciones absurdas emitidas por la Corte Constitucional. “No se puede entender que en pleno estado de excepción se tenga que evitar hacer uso progresivo de la fuerza pública con los policías y militares”.

Por otro lado, “la función judicial libera a personas peligrosas luego de haber cumplido el 60% de su pena en la cárcel. También se ve que el Estado no tiene el control de estos mal llamados centros de rehabilitación social sino las mafias, bandas, entre otros”.

“Parece que los carteles le han dispuesto a la Corte Constitucional que ordene al Estado que no involucre a las Fuerzas Armadas para controlar la seguridad interna de los centros carcelarios, por ende, es necesario que la función ejecutiva tome el control de estos espacios y complementariamente la Fiscalía investigue quienes están detrás de las matanzas y procesarlos”.(I).