Varios juristas del Colegio de Abogados de Loja (CAL) y del libre ejercicio, tras resolución decidieron unirse al Municipio de Loja para que a través del amicus curiae defender al cantón ante el perjuicio que causaría la empresa Safety por el pagó de USD 12 millones.

Unión

El presidente del CAL, José Luis Silverio Palacios, indicó que el fallo a favor de la empresa no solo afecta a la institución como tal, sino a la ciudadanía en general, razón por la que acudieron al Municipio y solicitaron la documentación que sirve de base para contestar la acción de protección y que permita preparar los elementos para aplacar la sentencia de primera instancia.

“El CAL se inmiscuye en este tema porque es un acto Constitucional y afectará a todos. Como profesionales ya hemos participado en otras acciones, por ejemplo, el caso donde el Estado no les quería dar un título académico a los docentes y tras esta lucha les fueron entregados”.

El jurista Luis Cordero Espinosa destacó que han revisado la sentencia y se considera que existen un sinnúmero de errores con respecto a la apreciación que tiene la jueza de primera instancia al declarar una vulneración de derechos constitucionales por incumplimientos contractuales en el caso de fotomultas.

Contrato

El abogado César Guerrero Cueva agregó que la Municipalidad para tratar de frenar la acción de protección intentó contratar los servicios de colegas juristas con un monto de USD 240.000, un monto menor a lo que tiene que pagar el Ayuntamiento si se hace efectivo la sentencia, lo malo fue que no se tomó en cuenta a los profesionales de la localidad, quienes tienen toda la experticia para defender estos casos.

“Además, el uso y abuso del poder de la jueza que asume una responsabilidad que no la tiene, porque de una acción Constitucional se convierte en una autoridad del más alto rango del país y ordena el pago de USD 11’746.035,99 con un tiempo de 8 días”. Agregó que “el patrocinio de los juristas no tendrá costo alguno. Una vez que pase esta acción que no dudamos que sea favorable, no nos quedaremos con la resolución que tome la Corte Constitucional y emprenderemos las acciones legales pertinentes en contra de la jueza para que la justicia no sea desnaturalizada por acciones de esta índole”.

El procurador Síndico del Municipio, Luis Narváez Abad, puntualizó que jamás hubo vulneración al trabajo, desarrollar actividades económicas, y, la seguridad jurídica. La demanda recoge esas declaraciones y la autoridad competente dio paso y falló a favor de la empresa.(I).