¿Existe de verdad una rendición de cuentas en el Ecuador?

Luis Jiménez Tenesaca

Desde que en el Ecuador se aprobó la Constitución de la República del 2008, en el numeral 4 del artículo 100 expresa: “Fortalecer la democracia con mecanismos permanentes de transparencia, rendición de cuentas y control social”. Desde ese entonces ha sido una obligación para los funcionarios y autoridades públicas efectuar periódicamente las rendiciones de cuentas de su gestión, transparentar la información y establecer mecanismos que permita que los ciudadanos tengan acceso a la misma.

La rendición de cuentas de los funcionarios y autoridades públicas permite incentivar a la participación ciudadanía, ya sea privada, social o política; donde la primera es la participación a nivel personal, la segunda se aplica en nuestro entorno social y la última se da más en las decisiones gubernamentales. Esta participación está garantizada en el artículo 95 de nuestra carta magna.

Lamentablemente, a pesar de lo establecido en la Constitución de la República del Ecuador, así como en los demás cuerpos normativos como la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y otros cuerpos legales, aún estamos lejos de una verdadera rendición de cuentas, disminuyendo de esta manera la receptividad política o legitimidad del ejercicio de sus funciones, competencias y facultades.

La actual “costumbre” normativa que plantea y ejecuta desde su creación el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, es elevar a una “exhibición de resultados de gestión”, que las entidades y autoridades de elección popular deben realizar año a año, siendo esta, una presentación (en algunos casos de manera pomposa), solo de sus logros alcanzados, según la perspectiva del funcionario, atentando contra el derecho humano de acceso a la información, derecho propicio para el desarrollo pleno de una sociedad democrática y transparente, y un ejercicio vital para la rendición de cuentas de las autoridades.

Esto a que no siempre se puede contrastar con la información entregada por el funcionario ya sea con sus planes de trabajo presentados en una campaña política o porque la información es de difícil acceso por el tipo de formatos en el cual están almacenados y entregados a la ciudadanía y sin considerar que los portales web de transparencia de las entidades, no son más que cementerios de PDF sin ningún uso potencial para la toma de decisiones o seguimiento ciudadano de gestión.

Las autoridades y funcionarios públicos deben ser más sinceros al momento de realizar la rendición de cuentas, transparentando toda la información, tanto logros como dificultades en su planificación, para que de esa manera tener el apoyo y legitimidad de sus actuaciones por parte de la ciudadanía, y estos a la vez tener un rol más importante y protagónico en la toma de decisiones, pasando, así como el actual estado arte nos evidencia, de la rendición de cuentas al rendimiento de cuentas.