Antonio C. Maldonado V.

Todos aspiramos tener una justicia que consista en dar a cada uno lo que le pertenece y su aplicación cumpliendo con la ley, más, en nuestro país y casi todos los de Sudamérica, bajo el dominio de los invasores españoles se mantuvo el sistema feudal cuyo principio fundamental fue el de “la ley se acata, pero no se cumple” debido a lo cual las disposiciones legales y consecuentemente la justicia se aplicó como se decía: “al de poncho” y en la actualidad a los que no tienen padrino que los proteja. En la época imperial la justicia estaba en manos del Rey o Jerarca de ese nivel, quienes la aplicaban directamente después de escuchar los argumentos del acusado al que los indultaba si estaban libres de culpa o los ejecutaba por propia mano o la del primogénito de sus descendientes; la ley entonces como instrumento de la justicia se entendía que era “lo que manda el Rey”.

Al momento con la finalidad de lo que llaman algunos la despolitización de la justicia se debe efectuar una reforma constitucional o dictar una nueva Carta Magna, que debe constar como parte de la anunciada Consulta Popular, la que además pasa por el filtro de aprobación de la Corte Constitucional; Consulta Popular que es muy peligrosa para el Ejecutivo, como sucedió hace pocos días en la República de Chile, que la Consulta al Pueblo le fue negada al Presidente Gabriel Boric, lo que en su campaña electoral constituyó el fundamento de su apabullante triunfo, esto es, una nueva Constitución; proponen también algunos políticos y politiqueros convocar a una Asamblea Constituyente, algo que es muy peligroso para el Presidente de turno, ya que la Asamblea tiene poder absoluto que le faculta entre otros asuntos nombrar un nuevo Presidente Constitucional de acuerdo a la Constitución que se apruebe, como sucedió hace pocos años en la de Montecristi con el economista Rafael Correa, al que casi le birlan la Presidencia de la República algunos asambleístas interesados que eran supuestamente sus partidarios.

Actualmente existe también el problema del Consejo de la Judicatura que según algunos debería ser elegido por la Corte Suprema de Justicia, actualmente Nacional, limitando las atribuciones ocupándose de lo administrativo, esto es, compra de equipos, modernizar el sistema de audiencias, de los edificios que sean confortables; personal de citaciones y algo similar ya que entre 2010 y marzo de 2022 el Consejo de la Judicatura destituyó a 1.060 jueces por lo que ha pagado 7 millones de dólares a los jueces destituidos que demandaron; por otra parte la Fiscalía ha perdido la autonomía pudiendo destituir a sus funcionarios ya que la Judicatura es la que organiza los concursos públicos para la selección del personal que labora en esa dependencia, lo que debe cambiar para devolverle su autonomía.

La sociedad en general debe preocuparse porque la balanza de la diosa Temis no se incline a ningún lado y se mantenga firme y con los ojos vendados; tal vez en esa forma normalicemos la vida en el país saliendo del terror y la delincuencia.