Antonio Maldinado
Como seguimos soportando la crisis generalizada que está produciendo no solo asesinatos a la población civil sino también a miembros de la Fuerza Pública según informan los medios de comunicación, esa lamentable situación requiere entre otras la expedición urgente de una ley que posibilite a la ciudadanía el porte de armas para defenderse en caso de agresión delincuencial; la ley de la referencia constituyó entre otras ofertas de campaña del actual Mandatario legislar o reglamentar dicho uso lo que no se hizo y actualmente impulsado por el Partido Social Cristiano mediante los legisladores y como lo realiza la Alcaldesa de Guayaquil; el portar armas de fuego les está permitido a los ganaderos, camaroneros, guardias y la Fuerza Pública, el resto de la población que puede solicitar este uso se priva de hacerlo ya que el trámite es muy engorroso que además se limita el comercio de armamento así como la preparación ciudadana en escuelas que existen para este fin; sin embargo entre 2021 y 2022 la Policía y las FF.AA. han incautado 15 mil armas de fuego entre revólveres, pistolas, escopetas, fusiles, carabinas, rifles, ametralladoras, dos lanzagranadas y cartucheras, debido a lo cual desde enero al 15 de septiembre de este año se informó de 2683 personas muertas por armas de fuego, esto es, el 85% de los crímenes de diversa índole cometidos que han padecido hombres, mujeres y niños.
El porte de armas debería ser autorizado con un riguroso control de parte de las autoridades pertinentes a quienes las portan, como el registro de huellas dactilares, pruebas psicológicas y la preparación necesaria que puede durar entre dos semanas y un mes; como el uso de armas si no se cumple con esos requisitos no puede ser autorizado, en particular, el psicológico que puede ser utilizado indebidamente, esto es, fuera del objetivo para portarlas como para arreglar problemas de orden personal: el femicidio o la estafa económica por socios de alguna organización financiera.
La violencia registrada a diario en todo el territorio nacional a más de los suicidios ha obligado a las principales autoridades provinciales y cantonales como es el caso de Santo Domingo de los Tsáchilas a solicitar al Presidente de la República declare el Estado de Excepción para dicha provincia, sobre lo que aún no se resuelve aceptando el pedido.
Como el 05 de febrero del próximo año se llevarán a efecto las elecciones seccionales que posiblemente descuarticen el anhelado lema gubernamental de un país unido y aún no se sabe cuándo el pueblo resuelva sobre la Consulta Popular sobre la que se pide ampliación del temario del enmarañado texto que se presentará a consideración del Soberano para que se pronuncie en las urnas se va a producir una acumulación de pronunciamientos que tendrá que hacerlo el pueblo ecuatoriano, ¿será posible para que sirva y se aplique a futuro la consulta?; para lo expuesto y otros asuntos se requiere urgente legislación.