Antonio C. Maldonado V.
Las votaciones llevadas a efecto el 05 de febrero del presente año, fueron conflictivas y engorrosas. Hasta el día 08 las mesas electorales no terminaban el escrutinio definitivo a la espera de que —de lugares distantes— lleguen a los centros de cómputo cantonales las urnas para el registro definitivo que están obligados a enviar a las Delegaciones Provinciales; se espera los resultados totales que pueden ser difundidos por los medios de comunicación, que es lo correcto, no como se estila y se lleva a efecto inclusive con estimaciones individuales que posteriormente de conocidas fomentan el caos de los diversos sectores políticos interesados en la contienda electoral y que provocan impugnaciones por los que se sienten perjudicados, como el caso frecuente de pedir y se concede el nuevo conteo de voto a voto o revisión de actas con falencias que pueden provocar su anulación; debido a lo cual, solamente se difunden por los medios los ganadores virtuales a prefectos o prefectas y también de alcaldes.
Una vez que se proclamen por los organismos correspondientes las candidaturas que han merecido la confianza del colectivo y se les entregue las credenciales pertinentes, que, en los lugares que existe, se realiza en el Salón de la Democracia para que posteriormente haga un desfile en marcha a pie y motorizada con pancartas y banderolas de cada organización política por la ciudad.
Concluido este episodio la ciudadanía espera que se vayan solucionando las apremiantes necesidades que fueron ofrecidas en campaña por los candidatos en general y como es obvio ahora les toca cumplirlas y ejecutarlas a los triunfadores; el colectivo espera a más de los dispuesto en la Ley de Régimen Municipal, que es obligatorio realizar en todos los sectores de cada jurisdicción cantonal, coordinen —la Policía Municipal con la Nacional— operativos para combatir la delincuencia así como el desorden del transporte motorizado en las urbes; deberían, así mismo, preocuparse de proveer a los barrios de la periferia la iluminación correspondiente con el aporte de la Empresa Eléctrica Regional del Sur —Eerssa— y también en las arterias viales del centro de la urbe con los semáforos y cámaras de video, garantizando la seguridad ciudadana para la cual se paga, en la planilla de consumo de luz, el impuesto de alumbrado público (que debía rebajarse ya que el Gobierno Nacional construyó la planta de energía eólica).
Además de todo lo señalado y sin sacudirse de la politiquería que empaña la vida nacional, por parte tanto del Gobierno Central como los partidos y agrupaciones políticas, no se puede arribar al consenso nacional para salir adelante y evitar también las protestas públicas que anuncian una serie de organizaciones sindicales. La ciudadanía no puede ser defraudada y perder la confianza en los resultados que constan en las urnas.