Edwin Villavicencio
Nos encontramos a menos de tres meses para que las autoridades locales electas el anterior 05 de febrero asuman funciones conforme corresponde. Sin embargo, hay una serie de implicaciones políticas a nivel “micro y nano” que se desarrollarán de manera interna en los partidos políticos que asumirán el poder, que lamentablemente en su inmensa mayoría, son de tipo clientelar que posiblemente, ahonden los problemas de gobernabilidad, eficiencia y corrupción. Ante esta premisa devastadora, es menester de los partidos políticos que resultaron ganadores, al momento de ejercer el poder ejecuten su toma de decisiones y procesos en función de una gestión pública basada en sus principios de formalidad, control y no libertad, algo que para muchos es una utopía, pero es posible con decisión política.
Ante ello, surge la imperiosa necesidad social de tener al frente de las instituciones públicas a personas conocedoras de los asuntos, honestas y permanentes en su función y el deseo de ocupación de los representantes legítimamente elegidos por los ciudadanos, puede ser resuelta, como demuestran los países más avanzados. La política debe dirigir la administración, pero ello no debe suponer la ocupación indiscriminada de todos los cargos públicos por cuestiones políticas, alejados de la variable preparación y conocimiento del cargo, ya que eso destina a una administración con resultados desastrosos.
También es necesario establecer mejoras para la función pública profesional en la gestión pública local: mejora del comportamiento ético, mejora en la preparación, mejora en la capacidad y competencia, mejora en el entendimiento y manejo de las tecnologías de la información y las comunicaciones y, finalmente, mejora de la preocupación por el cambio climático y cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
La implementación de la función pública profesional requiere consensos con la comunidad política, el sector privado y la sociedad civil, para que se convierta en una política pública sostenible en el tiempo. La función pública profesional genera un valor agregado verificable en las capacidades estatales, aumenta la eficacia gubernamental y frena la corrupción, como revelan los estudios de Transparencia Internacional y del Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo, CLAD.
El objetivo no puede ser otro que el mundo iberoamericano tenga una administración pública eficaz, eficiente y democrática, en otras palabras, menos política y más administración, para acercarnos a las metas contenidas en el Objetivo 16 de los ODS: Paz, justicia e instituciones sólidas, para que las administraciones locales que fueron electas de las prefecturas, alcaldías y concejos municipales, así como de las juntas parroquiales rurales, se alejen del clientelismo destructor y devorador de los recursos públicos, enfocándose en resolver adecuada e inteligentemente los problemas sociales que son de su competencia.