El Municipio de Loja está entre las instituciones con mayor carga burocrática del país, a pesar de los procesos de digitalización y mediana extensión territorial.

María Agusta de la Sala Torres, directora financiera de la institución, dio a conocer que el presupuesto de ingresos corrientes, hasta enero de 2023, estaba sobre los USD 45 millones, de los cuales, alrededor de USD 22 millones y medio se gasta en sueldos para 2.800 empleados y trabajadores, lo que representa el 45%. “Con nuestros ingresos propios financiamos los gastos corrientes, entre los que consta el personal, bienes y consumo, gastos financieros, transferencias, sumando USD 29’626.609,74”, detalló.

Según la funcionaria, las transferencias del Gobierno Central, llegan a un monto cercano a los USD 28 millones anuales, con un promedio de USD 2’325.000, mensuales. “El municipio también cuenta con otros ingresos a través de los créditos que suman USD 44’555.818”, recalcó.

Para el concejal Patricio Lozano Lozano, el problema financiero del Municipio de Loja es estructural debido a la contratación desmedida de personal para la parte administrativa y operativa. “Es complejo el gasto corriente, a parte del suministro para prestar los servicios, como agua potable o vialidad, el dinero para obra pública a duras penas llega a USD 4 millones y medio”, detalló. Además, informó que se debe destinar el 30% para las parroquias rurales, según ordenanza, con lo cual restaría USD 3 millones para obras en la parte urbana del cantón. “Esa cantidad no es nada para una ciudad de 250 mil habitantes”, subrayó.

Otro de los problemas que resalta el edil rural, Lozano Lozano, es la falta de capacidad para recuperar cartera, nuevos ingresos y mejorar servicios. “Las recomendaciones que hace el Banco de Desarrollo (BDE), no se han podido cumplir porque no hay un manejo eficiente en las finanzas, ya que el gasto corriente es un problema muy importante”, enfatizó.

Asimismo, reflexionó sobre las alternativas para reducir el gasto corriente y el tamaño de la carga burocrática. “Si vamos a despedir empleados con derechos creados, necesitamos liquidar, por lo que debemos tener dinero; y ahí surge la pregunta, si es mejor despedir o mantener el personal”, relató; dejando constancia que la nueva autoridad cantonal tendría que tomar una decisión al respecto.

“La única alternativa que le queda al Municipio es una reestructuración, en base a un estudio técnico y profesional que nos diga cuántas personas necesitamos en función de los servicios, población y extensión territorial”, precisó el concejal Lozano Lozano, y agregó: “yo calculo que 1.500 es más que suficiente para funcionar como municipio”, finalizó.