Cada día se acerca el momento en que las autoridades locales elegidas tomen posesión. En este caso, hacemos énfasis en los gobiernos subnacionales (locales) son generalmente de tipo clientelar, por lo tanto, esta acción y patrón incrementa increíblemente las posibilidades de corrupción en los procesos públicos de todo tipo, en especial, los de contratación pública y los de ingreso de personal, mismo que son vox populi en el pan de cada día de la política local.

En este caso, autoridades elegidas que mantienen un alto perfil populista, alejado de lo técnico, donde las propuestas y difusión son de tipo territorial y la principal variable de llegar a las preferencias de los votantes, son los operadores y líderes barriales que movilizan a los votantes, y, sobre todo, distribuyen incentivos. Esta distribución de incentivos, alejada de toda norma pública, para tener mínimos márgenes de gobernabilidad, para cumplir con los ofrecimientos de campaña y acorde a esos ofrecimientos, llevará a saltarse o promover discrecionalmente procesos de contratación pública y selección de personal, ocasionará la continuidad de los problemas actuales o hasta con peores síntomas por tener un gobierno local que llegó al poder por puro clientelismo. Es decir, primarán los acuerdos privados antes que la solución a la problemática social, por ende, la calidad de las políticas públicas será sumamente baja.

En uno de los casos sensibles, la adecuada selección de los funcionarios es una necesidad democrática y una exigencia social. La primera viene a rechazar el viejo axioma de que cualquiera puede desempeñar un puesto público siempre que sea nombrado por la autoridad competente. Cuando nueva autoridad accede al poder no solo se abandonan, con excesiva frecuencia, los proyectos del antecesor, sino que se colocan a la mayoría de los seguidores en puestos públicos, con independencia de su sabiduría o experiencia. ¿Cómo vamos a exigir eficacia en la gestión a quienes tienen una ignorancia considerable sobre la compleja política pública que les toca administrar?

En fin, la profesionalización de los funcionarios en la lucha contra la corrupción y en el logro de las metas de los objetivos de desarrollo sostenible, aparece como un pilar esencial. Otro sistema no parece que pueda contener esa inmensa distancia que parece haberse instalado entre los responsables políticos y responsables gubernamentales, y los ciudadanos, aunque otras instituciones jurídicas como la transparencia, la rendición de cuentas, la inteligencia artificial aplicada a las administraciones públicas o la utilización masiva de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, sin duda puedan paliarla. Pero ya no se trata de operaciones publicitarias, de generar en las redes sociales grandes aludes de respuestas alentadoras de ciertas decisiones políticas, sino de convencer a esa población desencantada y enojada de que es posible convivir en paz, fortaleciendo las instituciones democráticas, sobre todo, alejadas del clientelismo político.