Rómulo Salazar Ochoa.

En días recientes, en la zona de Fierro Urco, territorios de la parroquia Gualel, cantón Loja y otros del cantón Saraguro, determinados sectores sociales del lugar y sus cercanías se oponen a las actividades extractivas de empresas mineras que ostentan concesiones estatales al efecto; consideran que dicha actividad, sea o no empresarial, a cielo abierto o subterránea, atenta contra la naturaleza, es decir, destruye el agua, los boques, flora y fauna, representa perjuicio contra la salud y la vida misma de las personas que habitan esta extensa zona, muy poblada y productiva.

La actividad minera envenena las vertientes de agua que se originan en las 40 grandes lagunas que hay en la cordillera de Fierro Urco. Estas aguas atraviesan amplias latitudes de nuestra provincia, hacia la frontera ecuatoriano-peruana, con la circunstancia de que en Perú existen desde dos décadas atrás, amplias fuentes de producción agrícola, pecuaria y pesquera gravemente afectadas. Los niños, en especial, incluso desde que están en el vientre materno, nacen enfermos y se enferman en el curso de su infancia, adolescencia y juventud traumáticas, se enferman sus progenitoras; provocan una vejez prematura y cargada de enfermedades y dolencias incurables e insoportables, incluso desconocidas.

Las consecuencias de esta contaminación ambiental son gravísimas contra la salud y la vida de todos los seres vivos. Se afirma que el gobierno peruano ha demandado o está por demandar al Estado ecuatoriano el pago de grandes cantidades de dinero en concepto de reparaciones e indemnizaciones por los perjuicios que ocasiona a su país el agua contaminada que les llega desde Ecuador. Así, pues, las empresas mineras, de una y otra condición, explotan desmesuradamente nuestros minerales, sin control alguno, incluso con la complicidad de muchas de nuestras autoridades; mientras se arruina la producción de que vive nuestra gente, esta se empobrece, enferma y muere, se diezma o migra. No obstante, tenemos que asumir responsabilidades económicas que imponen al Estado ecuatoriano las sentencias de los Tribunales Internacionales por ocasionar delitos de lesa humanidad en el exterior.

¿Qué utilidad tiene, entonces, la provincia y el país en esta minería? ¿No les importa esto a las altas autoridades del Estado y de la provincia ni a sus tecno-burócratas? ¿Por qué, entonces se expiden tales concesiones que, aun siendo “legales”, son lesivas al país en todo sentido? ¿Quiénes se benefician con estos crímenes de lesa humanidad? Mientras la minería, legal o ilegal, saquea nuestros recursos y destroza los campos y su potencial producción, y destruye a la población en grandes espacios y proporciones, ¿seguiremos asistiendo directa o indirectamente a la autodestrucción de la especie humana en esta provincia?

Desde luego, hay un reducido número de moradores que, ilusionados con la oferta de ser incorporados por las empresas a su nómina de trabajadores, expresan su conformidad con el extractivismo, olvidando que ellos mismos, aún con su salario, serán igualmente afectados en su salud y vida, que luego, gravemente enfermos, incapacitados para seguir trabajando serán despedidos. Deben asumir que la pobreza en los campos existe y crece más porque el Estado oligárquico neoliberal como el de Lasso, no subsana el desempleo en el sector rural ni en las urbes, porque dedica los recursos del Estado sólo proteger las grandes inversiones y negocios de las oligarquías y de las empresas extranjeras, incluidas las mineras, en cuyo beneficio el Estado neoliberal hace, además, repetidas condonaciones de deudas y remisiones de intereses morosos en favor de los grupos económicos más poderosos del país mientras niega a los campesinos pequeños productores del campo y la ciudad la condonación de sus limitados créditos de hasta 10.000 dólares cuyo total no excedería los mil o dos mil millones de dólares, como ha planteado el movimiento indígena; así, el Gobierno, sin una política financiera y crediticia en favor de los pequeños y medianos propietarios les impide incorporarse en la ciudad y el campo al desarrollo de la producción.

Se afirma que las concesiones aludidas se habrían tramitado desde diez años atrás. Desde entonces ya se oyó la oposición de las comunidades. ¿Qué hicieron, al efecto, desde entonces, las autoridades ministeriales y locales, y los técnicos al respecto? Se conoce que, ante las gestiones de estas mineras, Municipio de Loja, en uso de sus autonomías, habría declarado al cantón “territorio no minero”, siendo evidente que desde entonces ni los alcaldes ni los cabildos ni la Gobernación ni representación legislativa han hecho nada para que se considere y respete pronunciamientos institucionales como ese ni las constantes reclamaciones y gestiones de la ciudadanía; estos silencios y omisiones revelan que somos una provincia sin gobierno de ninguna índole. Se conoce también que tales comunidades habrían propuesto acciones judiciales de orden constitucional que, extrañamente, han sido rechazadas por los jueces de ambas instancias de esta provincia. No ha trascendido que la dirigencia social de estas comunidades haya continuado dichas acciones judiciales ante la Corte Constitucional. Lamentablemente, los ámbitos universitarios viven o quieren vivir distantes de los problemas y aspiraciones ciudadanas de Loja, incluidos sus estudiantes, que han olvidado los principios que en una época defendieron esos espacios institucionales y sociales, como la “Reforma Universitaria”, la “Extensión Universitaria” hacia los barrios y sectores rurales y campesinos o las banderas de la “Unidad Obrero-Campesina-Estudiantil. Igual ocurre con los gremios de profesionales universitarios, maestros y trabajadores. La sensibilidad social y política de la izquierda revolucionaria, los demócratas y progresistas aparentemente han sido devoradas por el neoliberalismo. Desde luego, este fenómeno del apoliticismo que se le inyectara al pueblo ha comenzado a caer, como se constata en la derrota que ha tenido el gobierno derechista-neoliberal con su reaccionaria “consulta popular”.

Los sectores populares, facultados por la Constitución de la República, debemos requerir de inmediato al Gobierno, sea de Lasso o su reemplazo, la declaratoria urgente del “estado de excepción” de los territorios que hoy amenazan en Fierro Urco a nuestros compatriotas y a todos nosotros, y que, en ese “estado de excepción” el presidente de la República deje sin efecto tales concesiones mineras, sin perjuicio de que mediante las veedurías necesarias constatemos y publiquemos el verdadero perjuicio que, en verdad, significa para el país, pues son recursos  que fugan del país a los paraísos fiscales, veedurías que serían parte efectiva de la lucha contra la corrupción que vive la institucionalidad pública y privada y que va de la mano con las mafias del narcotráfico y narcolavado que “gobiernan” y arruinan la patria.