Antonio C. Maldonado V.
Según informes difundidos por los funcionarios y especialistas en la materia ambiental de organizaciones públicas y privadas el cambio climático, que nos castiga con severidad, duraría hasta el 15 de marzo de este año, pero como este anticipo está condicionado a lo que sucede en otros sitios del planeta y en particular con nuestros vecinos como ya se difunde lo que sucede en la República del Perú con el ciclón Yaku, que aunque no con mucha fuerza también puede afectar al sur de nuestra República. El problema climático ocasiona una serie de consecuencias, entre otras, derrumbes que paralizan el transito personal y vehicular, inundaciones que destruyen viviendas y en varios casos el fallecimiento de sus habitantes; los que quedan pierden los enseres que les prestaban varios servicios por lo que se convierten en damnificados albergados en establecimientos educacionales adecuados para el efecto. Este engranaje de sucesos, que tiene, además, gravísimas consecuencias en el ramo de la salud con una serie de enfermedades que se producen contaminando a los seres humanos, animales y vegetales como leptospirosis, la gripe aviar en las aves y hongo fusarium en el banano, y algunas más que obligan a las autoridades de los diversos sectores afectados a proveer de los recursos económicos correspondientes que posiblemente no constaban en el listado presupuestario de las instituciones gubernamentales pero también se eleva el costo de productos como los huevos de gallina que aumenta la inflación.
La crisis climática que dramáticamente y con mucha fuerza nos afecta, parece que se la está superando, pero infortunadamente en el otro lado de la moneda no se puede salir de la crisis administrativa, comenzando por el Poder Ejecutivo que da la impresión de no contar con ministros debidamente capacitados, ya que el presidente de la República tiene que estar presente y encontrar soluciones rápidas a los problemas que se presentan; precisamente el rol de los ministros de Estado es el de realizar los estudios que les corresponde para someterlos a consideración del Ejecutivo, análisis que deben contemplar programas además para mediano y largo plazo, que naturalmente pueden irse reformando conforme se desarrolla nuestra sociedad y la global.
Los problemas internos de la administración no paran; la Función Judicial queda prácticamente desautorizada al crearse la Comisión de Coordinación para el caso del General Jorge Gabela que fue asesinado en diciembre del 2010, integrada por Jeannine Cruz, Sebastián Palacios y Arturo Moscoso, que tiene que presentar el informe correspondiente hasta el 17 de mayo; por otro lado, se produce la expulsión del embajador de la República de Argentina, Gabriel Fuks, declarándolo persona no grata en el caso de la exministra María de los Ángeles Duarte; por último se deja de lado el análisis de las causas para la migración a EE.UU., todo esto y mucho más en un ambiente imparable de inseguridad ciudadana y la inundación de drogas y modernas armas de fuego.