Luis Jiménez Tenesaca
La participación ciudadana es un derecho fundamental de los ciudadanos y un elemento clave para la construcción de una sociedad democrática. En Ecuador, la participación ciudadana se ha convertido en un tema de gran importancia en los últimos años, ya que ha sido reconocida como un elemento fundamental en la construcción de una sociedad más justa, equitativa y participativa, e incluso es uno de los pilares fundamentales de los planes de acción de Gobierno Abierto.
La Constitución de la República del Ecuador reconoce el derecho a la participación ciudadana en el artículo 95, en el que se establece que «todas las personas tienen derecho a participar en la vida política, económica, social y cultural del país». Además, la Constitución establece una serie de mecanismos para la participación ciudadana, como son la consulta popular, el referéndum, la iniciativa ciudadana, la revocatoria de mandato, la veeduría ciudadana y la audiencia pública, entre otros.
Cuando los ciudadanos participan activamente en temas como la fiscalización, dónde pueden detectar irregularidades y denunciarlas a las autoridades competentes; esto puede ayudar a aumentar la transparencia.
La participación ciudadana en la fiscalización es un tema crucial para la transparencia y la rendición de cuentas en cualquier sociedad democrática. En Ecuador, la Constitución de 2008 reconoce el derecho de los ciudadanos a participar en la fiscalización y control social de las políticas públicas y la gestión estatal. En este artículo, se analizará la importancia de la participación ciudadana en la fiscalización en el Ecuador, así como las herramientas y mecanismos disponibles para que los ciudadanos puedan ejercer este derecho.
En muchos países, la fiscalización es responsabilidad de las instituciones de control, como los organismos de auditoría y los tribunales de cuentas; estas instituciones tienen la tarea de verificar el uso de los recursos públicos y detectar cualquier irregularidad o incumplimiento. Sin embargo, estas entidades pueden ser limitadas por la falta de recursos y personal para llevar a cabo la fiscalización de manera efectiva.
El país ha sido testigo de varios escándalos de corrupción durante muchos años, lo que ha generado una mayor demanda por una mayor transparencia y rendición de cuentas por parte de las autoridades. Los ciudadanos tienen el derecho y la responsabilidad de participar activamente en la fiscalización de la gestión pública para garantizar que se tomen decisiones correctas y se eviten malversaciones de fondos públicos.
Por tal motivo, la participación ciudadana en la fiscalización se ha consolidado en varios mecanismos y herramientas. Uno de ellos es la Contraloría General del Estado, que es responsable de la fiscalización y el control de la gestión pública. La Contraloría tiene la facultad de investigar, auditar y sancionar a las autoridades y funcionarios públicos que hayan incurrido en irregularidades o actos de corrupción. Además, la Contraloría ha desarrollado varios programas y proyectos para fomentar la participación ciudadana en la fiscalización.