Con motivo de conmemorarse el 03 de mayo, como el Día Internacional de la Libertad de Expresión, este medio de comunicación, a través del programa Ojo Crítico, conversó con la presidenta del Consejo de Regulación, Desarrollo y Promoción de la Información y Comunicación, Jeaninne Cruz Vaca, sobre las condiciones en las que laboran los periodistas ecuatorianos hoy en día, en medio del crecimiento y fortalecimiento del crimen organizado y el narcotráfico.

Naciones Unidas, en 1993, señaló un día para promover una prensa libre y una libertad de expresión plena, en un ambiente de proliferación de medios de comunicación independientes en muchos países; así como el auge de las tecnologías digitales que han permitido la libre circulación de la información; sin embargo, la libertad de los medios de comunicación, la seguridad de los periodistas y la libertad de expresión, cada vez estarían sufriendo más ataques.

Reforma para protección de periodistas

La funcionaria empezó la conversación destacando el marco jurídico reformado para crear un sistema de protección a periodistas que estén en riesgo de perder su vida por el ejercicio de su profesión. “En 2022 se reformó la ley y se creó mecanismos de protección al trabajo periodístico”, precisó, al tiempo de reconocer el nivel alto de riesgos para el periodismo de investigación en Ecuador. “En julio de 2021, registramos 49 casos de agresiones a periodistas; 2022, 250 casos”, muchos de ellos serían por los efectos colaterales de las protestas y conmoción social que vivió el país durante ese lapso de tiempo. “Pero en este año sí nos preocupa el número de agresiones registradas porque ya son cerca de 100 casos en contra de los trabajadores de la comunicación”, señaló.

Autocensura por temor

Resaltó el cambio que se ha generado en el país, en relación al sector que amenaza la libertad de expresión. “En los tiempos de la ley mordaza (Ley Orgánica de Comunicación del correísmo), era desde el Estado donde se judicializaba y sancionaba, pero, ahora el enemigo es el narcotráfico y el crimen organizado”, donde en provincias como Esmeraldas ya se habría registrado un ambiente de silencio frente a temas de inseguridad por parte de algunos medios y periodistas. “Hay casos de autocensura porque no pueden hablar por temor y no confían en las instituciones estatales para que les brinden acompañamiento”, por lo que se estaría realizando gestiones en otros organismos públicos y privados para articular acciones y mecanismo de protección a periodista, ya que el Consejo de comunicación no cuenta con presupuesto suficiente. “Colombia tiene un presupuesto de USD 300 millones para el sistema de protección, al igual que Chile, con el apoyo de organismos internacionales; nosotros contamos con USD 2’500.000”, informó.

Falta de recursos para proteger periodistas

Cruz Vaca insistió en la normativa legal que dispone el trabajo coordinado para establecer un protocolo de protección para las personas en riesgo por el ejercicio periodístico. “Por primera vez se habla del Ministerio del Interior, Secretaría de Inteligencia, Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos” entidades que deberían generar procesos de capacitación, como en caso de desastres naturales, por ejemplo. “Como Consejo, contamos con un mecanismo para proteger la vida de cualquier periodista”, y relató que, frente a una denuncia, se canaliza a través del Ministerio del Interior, el resguardo policial para ir a poner la denuncia en Fiscalía. “Solo a petición de la víctima” puede ser ingresado al programa de protección de esa entidad de justicia, la misma que estaría adoleciendo de falta de recursos y logística. “Cuando trasladamos los casos a Fiscalía, la directora del programa nos ha manifestado que ya no cuentan con presupuesto, por la cantidad de personas que estarán siendo protegidos”, incluso habría casos donde los miembros de las fuerzas del orden costean los gastos de movilización de las víctimas.

El poder político también amedrenta

Finalmente, la presidenta del Consejo de Comunicación señaló que continúan las denuncias en contra de los periodistas por parte del poder político en Ecuador, quienes estarían intentando amedrentar y silenciar las opiniones. “Todavía hay, desde agentes estatales, la mala decisión de amedrentar”, cuyos casos denunciados vendrían desde concejales, alcaldes o asambleístas; sin embargo, no se habrían llegado a poner en firma las denuncias por la inconformidad del trabajo periodístico de uno u otro periodista en el Ecuador. “Hemos tenido requerimientos de comunicadores por las negativas de algunas autoridades de no entregar información institucional, relacionada a contratación de obras y servicios”, comentó. (I)