La vialidad de la provincia de Loja es el espejo roto donde se refleja la ausencia de visión estratégica del Estado y la incapacidad local de sostener sus propias conquistas. Entre todas las vías que padecen baches, derrumbes y deslizamientos, hay una que, más que una ruta, es un embudo: el tramo Catamayo–Loja, puerta terrestre a la cabecera provincial, corredor obligado para el aeropuerto, y espina dorsal de la economía regional. No se trata únicamente de la precariedad de la carpeta asfáltica, ni de los dramas hidrológicos que han demolido el pavimento; el problema es estructural, radica en haber ignorado el crecimiento poblacional, el volumen de carga actual y la evidencia de que Catamayo se ha consolidado como el centro industrial y logístico de la región sur del Ecuador.

Desde una visión de planificación territorial, Catamayo no es solo un punto geográfico: es la capital económica de la región sur. Allí se concentra la industria, la producción, el intercambio comercial y la conexión aérea que sirve a todo el sur del país. Loja, por su parte, representa la capital administrativa, cultural e institucional. Unir estos dos polos con una carretera de adecuada no es un capricho técnico, es un imperativo de desarrollo regional. En términos funcionales, hablamos de un corredor que articula logística, industria, transporte aéreo y comercio con los centros urbanos del sur oriente, con la Costa ecuatoriana… y por añadidura a la región del Yaguarzongo, en la cual se adhieren en intereses el norte del Perú.

Sin embargo, como sucede tantas veces, lo urgente se posterga cuando depende de decisiones que incomodan los intereses de turno. Lo doloroso no es que aún no se amplíe la vía; lo doloroso es que ya teníamos el marco legal para hacerlo. Durante la pasada administración municipal de José Bolívar Castillo, se obtuvo un decreto presidencial que transfirió competencias y recursos para que la vía pudiera concesionarse y ampliarse. No se trataba de un discurso, sino de un instrumento jurídico vigente, listo para ejecutarse. Castillo lo advirtió con claridad: no bastaba gritar por carreteras, debíamos administrar como provincia aquello que el Estado había entregado para ser gestionado localmente. Pero nuestra clase política permitió que esta conquista se extravíe entre olvidos, omisiones y pequeñas mezquindades electorales.

Hoy pagamos el precio de esa amnesia colectiva. Basta transitar un feriado para comprobarlo: embotellamientos insoportables, accidentes evitables, pérdida de vidas y recursos que empobrecen aún más a la provincia. A esto se suma un debate público superficial, donde se habla del estado del asfalto o de la notoriedad de uno u otro actor político interesado, pero no se discute el rol estratégico de la vía, ni se comprende la transformación de la matriz productiva de la región. En los últimos diez años, la carretera Loja–Zamora se ha convertido en un corredor productivo con alto peso en el transporte. El movimiento de cargas pesadas sobre una vía subdimensionada acelera su deterioro. Y no solo eso: nuestra provincia está ingresando con importancia en la era de las energías renovables, con proyectos eólicos y fotovoltaicos ya prospectados que demandarán una logística eficiente para transporte de tecnología e infraestructura, al igual que la apuesta disruptiva en agroindustria sostenible y turismo. No estamos ante un problema vial; estamos ante una crisis de planificación.

Desde una mirada técnica, existen propuestas que no solo ampliarían la vía, sino que optimizarían su trazado. Uno de los elementos más relevantes es la inclusión de un túnel, que permitiría reducir costos en mantenimiento, evitar zonas de alto deslizamiento, y acortar significativamente el tiempo de viaje. Esta solución, teorizada preliminarmente, permitiría incorporar inclusive la vía antigua como ruta complementaria, reduciendo la presión sobre el corredor principal y fortaleciendo la seguridad vial. Es, en términos de ingeniería del territorio, una intervención equilibrada entre eficiencia, costo y sostenibilidad.

Nuestra respuesta no debe ser únicamente técnica ni municipal. Debe nacer desde la ciudadanía y ampliarse a los colectivos sociales, académicos, empresariales y políticos. Debemos asumir esta lucha como una cruzada regional para exigir que se haga respetar el decreto de concesión vial suscrito por el estado, blindando la decisión frente a los vaivenes de la politiquería. No podemos seguir aceptando que la historia económica y territorial de la región dependa del estado de ánimo del gobierno centralista.