César Augusto Correa
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Para la Sociología, cometen infracciones penales las personas que no han recibido de la sociedad las condiciones adecuadas para vivir feliz y normalmente, de acuerdo con las normas legales. Los infractores son víctimas de una sociedad que les ha violado su derecho a educarse correctamente y a crecer trabajando en alguna actividad positiva para la comunidad. En consecuencia, la sociedad, representada por el Estado, tiene la obligación de hacer la reparación respectiva: rehabilitar al que ha caído en conductas inapropiadas y devolverlo como un ser sano a la sociedad.
Todos sabemos que el Ecuador no tiene ningún programa serio para buscar la rehabilitación de quienes han sido condenados por el cometimiento de algún delito. Al contrario, los encierra en antros en los cuales muchos salen peor de lo que eran cuando entraron. El Ecuador no está ejecutando nada permanente y efectivo para combatir la delincuencia, con miras a erradicarla.
La misma Sociología y la Psicología han descubierto que el trabajo es indispensable para que las personas se desarrollen física y mentalmente bien, para alcanzar la felicidad. Para la rehabilitación de los delincuentes lo primero que se tiene que hacer es abrirles oportunidades de trabajar y conseguir lo necesario para sus necesidades básicas con su propio esfuerzo.
Esta es la concepción científica, de la cual Jorge Hugo Rengel fue un gran abanderado, que debe ser tomada en cuenta por todos los gobernantes del mundo. Es la concepción científica y humana, con la que se supera a la LEY DEL TALIÓN, la que eleva a la VENGANZA al nivel de virtud.
Dentro de nuestra sociedad no todos han evolucionado por completo y millones se han quedado en la etapa en la cual se justificaba sin cuestionamientos a la ley del Talión.
En estos días precisamente se ha desatado un enconado debate entre los que defienden la tesis científica y los amantes de la venganza, debate generado por un proyecto de ley para que supuestamente las PPL se ganen su alimentación con su trabajo, pero no tomándolo al trabajo como una técnica de rehabilitación, sino como una obligación para ahorrarle al Estado unos cuantos millones de dólares.
Y, además, sabiendo que para ponerlas a trabajar a las PPL que tiene el país se necesitan centenares de millones de dólares a invertir en terrenos, edificios, talleres, consultorios, máquinas, equipos, herramientas, muebles, energía eléctrica, agua, internet, vehículos, materia prima, personal administrativo y de vigilancia, cuando en el Presupuesto General del Estado no existe ni un solo centavo para el efecto, podemos anticipar que el remedio recetado en esta ley será peor que la enfermedad.