César Briceño Toledo
Sí con esta mentalidad depravada, como el caso enviciado de los discapacitados, nos mantiene absortos el comercio de los carnés; ha quedado para las calendas griegas: la corrupción de Odebrecht, arroz verde o arroz moreno y los negociados de los insumos en los hospitales de la nación. Los tentáculos del latrocinio son múltiples, que se reproducen inmisericordemente en el país. Cuánto beneficiarían al país si pensaran en el bien común.
La Ley Orgánica de Discapacidades preserva el derecho constitucional sobre sus derechos. Primero el Conadis y en el 2013 el Ministerio de Salud Pública asumió la competencia de extender los carnés. Desde el 2008 hasta la presente fecha se importaron más de 12.400 vehículos a nivel nacional. Loja registra 15.275 discapacitados; se importaron 250 vehículos. El 90% de los ciudadanos que tienen algún tipo de discapacidad no importan este tipo de vehículo porque no tiene recursos, pero los avivatos que si los poseen pueden hacerlo.
El negociado fue truculento con el abuso del carné de discapacidad, por ecuatorianos indecentes; que compraron vehículos de alta gama. Las personas que sí requieren de ese beneficio, son aquellas con problemas motrices que demande algún vehículo especial. El mandatario resolvió suspender la importación de esta clase de vehículos; revisar los 3000 últimos carnés extendidos durante la emergencia sanitaria y cancelar a los malos funcionarios; además, revisar la referida ley orgánica que no es mala pero perversamente utilizada.
Debe revisarse y actualizar los carnés con nuevos diagnósticos médicos a los portadores de los 485.325 discapacitados del país, que representa el 2.5% de la población ecuatoriana, muchos de los cuales, probablemente fueron favorecidos por amistad, compadrazgo o coimas del interesado. Los directivos del IESS, deben preocuparse por el sinnúmero de peticiones sobre jubilaciones que se hallen en curso, aduciendo diversas discapacidades, basadas en certificados médicos colusorios extendidos por profesionales indignos de la salud; así como, examinar el mal uso de carnés para cumplir con el 4% en las instituciones y bancos.