Gobierno aprobó durante la pandemia lo que los manifestantes lucharon en el 2019

En octubre del año pasado se desarrollaron las manifestaciones más violentas efectuadas en los últimos años en el Ecuador; a decir, de ciudadanos, su reclamo era justo y podía haber terminado en buenos términos, pero la violencia se apoderó y aquello afectó a todo un país.

Circunstancias

A decir, de Vladimir Placencia, político, la protesta del año 2019 tiene claro dos escenarios, el primero, que todo ciudadano tiene derecho a protestar siempre en el marco de la legalidad, es decir con propuestas, ideas y basado en la norma; y el segundo y el cual rechaza fue la forma como se desarrolló con daños a la infraestructura pública, privada y abuso de autoridad.

En esa ocasión, el escenario principal por el que se desarrolló las manifestaciones fue el tema de los combustibles. “Es fundamental este recurso para el tema productivo, por ello, jamás vamos a estar de acuerdo con un alza que afecta a los sectores vulnerables como los agricultores, productores e indígenas, pero es viable un estudio y diagnóstico real del combustible, porque en el tema del contrabando y frontera es complejo por las mafias que operan en este sector”, dijo.

Por su parte, Gabriel García, analista político, expresó que en el país hay condiciones de inequidad terribles, actualmente la pobreza bordea el 30% del promedio nacional, eso se extrapola a la provincia de Loja señalando que 150.000 personas viven con menos de USD 2,83 al día.

“Hay un descontento social y en esa fecha (octubre del 2019) el tema de las manifestaciones fue el combustible, pero de fondo es la pobreza. Mientras en el país no se avance a solucionar este problema habrá nuevas explosiones sociales, por ende, las autoridades deben realizar trasformaciones profundas y radicales desde el propio Estado”.

Por otro lado, para el analista político Patricio Valdivieso, todo ciudadano ecuatoriano tiene derecho a protestar y contradecir a las autoridades respetando la normativa; lo que no puede transformarse es en vandalismo y fue lo que sucedió en octubre del 2019 a tal punto que mercenarios aprovecharon el momento y destruyeron bienes del Estado como la Contraloría, plazas calles y propiedad privada como los medios de comunicación Teleamazonas y El Comercio.

“Dañaron una manifestación que buscaba una lucha social y reacción del Gobierno, todo eso se ha quedado en la impunidad o bajo pretexto de armonizar la política. No hay sanciones por las personas fallecidas o para quienes dañaron los bienes del Estado, es decir, se ha quedado en la impunidad”, destacó.

Por su parte, la ciudadanía no desea recordar esa fecha violenta. Este es el caso de Claudio Castillo, quien un familiar perdió un ojo debido al impacto de un gas lacrimógeno que recibió en Quito durante las protestas. Él estudiaba en la Universidad Simón Bolívar.(I).(FJC).