El Estado les ha descontado de sus sueldos a los maestros ecuatorianos unos cien millones de dólares, injusta e ilegítimamente, bajo el pretexto de que no estaban trabajando las 8 horas diarias. Es un despojo inadmisible, prácticamente un atraco, perpetrado abusando de las limitaciones que para reclamar colectivamente imponía la pandemia.

En primer lugar, el Estado no ha probado y no podrá probar, que los maestros estuvieron trabajando menos de las 8 horas diarias. A muchos profesores les escuché lo contrario, que les estaban haciendo trabajar horas extras. Al no haberse probado la falta, no se podía aplicar sanción alguna. Lo que se hizo fue a todas luces un abuso, por decir lo menos.

En segundo lugar, los profesores estuvieron disponibles todo el tiempo para cumplir sus labores, no eludieron sus obligaciones, por lo tanto no sería suya la culpa de haber laborado menos de las 8 horas diarias, sino del empleador, del Estado, que no les asignó las tareas necesarias, de suerte que no existió justificación alguna para hacerles los descuentos y crearles problemas en sus presupuestos familiares, en plena pandemia, lo que es una agravante.

Lo mejor es que el Estado reconozca voluntariamente la defraudación cometida y llegue a un acuerdo para hacer la restitución, que puede ser una devolución en varias mensualidades en atención a la supuesta falta de liquidez. La decisión puede provenir del mismo ejecutivo o de la Asamblea Nacional, pues ambas funciones están obligadas a efectuar la rectificación.