En la noche del sábado anterior se realizó el evento organizado por el diario El Comercio de la ciudad de Quito, que fue transmitido por televisión, durante 2 horas, en el que participaron 7 candidatos a la Presidencia de la República, que por falta de tiempo no pudieron hacer exposiciones de altura académica y se vieron obligados a emitir frases dulzonas para captar votos entre las capas del electorado que no pueden juzgar rigurosamente las propuestas políticas y económicas. El llamado “debate” no tuvo como fin principal el de proporcionar al público información valiosa y orientadora, sino la de copar la audiencia para un medio televisivo y obtener una apreciable ganancia por los servicios publicitarios. Los candidatos que se prestaron para hacer el juego a esos propósitos mercantiles fueron por lana y salieron trasquilados.

Era imposible que en 120 minutos tantos candidatos pudieran hacer exposiciones sobre temas que abarcan todos los aspectos del convivir social y además refutar los criterios de los demás aspirantes a la Presidencia. Aceptar que solamente se les otorgue minuto y medio para dar a conocer un plan de trabajo presidencial fue un error garrafal, una renuncia a la seriedad, que raya en lo irresponsable.

Terminada la primera ronda, sin debate porque todos tenían la misma ideología, con intervenciones deslucidas, repletas de lugares comunes, de frases huecas, acudiendo al consabido baratillo de ofertas, el evento había perdido interés, frustrando y aburriendo a los televidentes, quedando el programa sin posibilidad de redimirse, lo que bien se reflejaba en el rostro del moderador, que más bien parecía que estaba en un funeral.

Un punto esencial quedó sin tocarse. Las ofertas que hicieron implican la necesidad de varios miles de millones de dólares más de gasto presupuestario, pero en lugar de explicar cómo van a conseguir ese dinero, afirmaron que van a reducir los ingresos del Estado mediante la supresión de impuestos. ¿A quién pueden convencer?

Algo similar va a ocurrir el próximo fin de semana, en el acto a cargo del Consejo Nacional Electoral, aunque con dos diferencias importantes. La primera, que el “debate” no tendrá fines de lucro, sino políticos, y la segunda, que la asistencia de los postulantes es obligatoria, por lo que cada candidato pondrá su prioridad en “comerse” al favorito, en lugar de proporcionar información valiosa que sirva para enriquecer los conocimientos de los espectadores.