Paúl Maldonado
La Organización de las Naciones Unidas se ha comprometido a tomar medidas para promover niveles de vida más elevados, trabajo y empleo permanente para todos y condiciones de progreso y desarrollo socioeconómico, reafirmando la fe en los derechos de las personas, las libertades fundamentales y en los principios de paz, equidad, dignidad, valor, y de justicia social, teniendo en cuenta las normas de progreso y desarrollo social. La democracia, el crecimiento económico y la equidad han seguido senderos divorciados durante la década anterior, configurando sociedades altamente heterogéneas y pobladas de incongruencias.
Nuestro país ha retomado el camino del crecimiento, a tasas todavía insuficientes y en condiciones de alta volatilidad, pero la desigualdad en la distribución del ingreso y de las oportunidades para el bienestar común continúa siendo escasa, aguda y dramática. Nunca antes la proporción de gobiernos elegidos por voto popular habían sido tan mayoritaria, aunque al mismo tiempo las sociedades de América Latina enfrentan hoy problemas emergentes de desafección política y desmovilización social. La mayor circulación de bienes simbólicos contrasta con la mayor concentración en los bienes materiales. El incremento del gasto social como porcentaje del PIB tiene que ser un logro de la actual década, pero que a su vez no logra mitigar la falta de integración, cohesión y el incremento de la inseguridad social. Los impulsos en productividad de un sector de las economías nacionales van de la mano con el aumento de la brecha productiva entre trabajo y empleo que forman parte de la llamada Tercera Revolución Industrial y la enorme masa de trabajadores ocupados en el sector informal, que en muchos países sobrepasa la mitad de la población económicamente activa (PEA).
La educación avanza en cobertura, en logros y posiblemente de calidad, pero los jóvenes que egresan de los distintos ciclos educacionales, principalmente las mujeres, son los más afectados por la falta de trabajo, empleo y las bajas remuneraciones. El gran desafío para el desarrollo de nuestro país en los próximos años es avanzar hacia sociedades más igualitarias. Para ello no es indiferente el modelo político, pues la igualdad se logra conjugando políticas económicas, sociales, culturales y una difusión más exhaustiva en el ejercicio de las sociedades. El ejercicio social y personal influye sobre el sistema de reparto social, no sólo porque incorpora a los excluidos en las decisiones políticas y en la deliberación sobre el uso de recursos socialmente producidos, sino también, y sobre todo, porque impacta sobre otros espacios que definen otras formas de igualdad, como el acceso a la justicia, al conocimiento, a la seguridad social y personal y la mayor preocupación de la sociedad por las desigualdades por adscripción, en particular sexo y etnia. Por otra parte, el fortalecimiento de la sociedad ecuatoriana permite mejorar los niveles de cohesión social y, por ende, de legitimidad política para impulsar transformaciones profundas en el ámbito productivo, educacional y de política socioeconómica. La adhesión a proyectos colectivos constituye una condición básica para dar sustento político a los desafíos que se han planteado al inicio de la presente década, y a las transformaciones que aquí se han presentado como indispensables para transitar por el camino de la mayor y verdadera equidad social