A quién beneficia la destitución de Guadalupe Llori

Rafael Riofrío

La memoria histórica de nuestros pueblos y de sus organizaciones sociales, mucha de las veces es frágil, quizá la crisis general del país, hace que pronto olvidemos a los gobiernos neoliberales que cada cuatro años ofrecen cambiar las condiciones de pobreza en que viven la mayoría de las familias ecuatorianas, hace también que estas familias se preocupen más por el pan diario para sus hijos y menos por los verdaderos problemas que entorpecen el desarrollo de la nación; y menos todavía, en integrarse a la protesta social y a la lucha para derrotar a la burguesía y los gobiernos fantoches serviles del imperialismo.

Las dificultades al interior de la Asamblea Nacional afectada por una serie de conflictos que expresan las contradicciones de la propia clase burguesa que se aferra a defender sus intereses personales y ambiciones grupales. Lasso ha demostrado que se sostiene y gobierna para las elites empresariales, las clases privilegiadas y la derecha política del país, con ellos y con la metida de mano desde Carondelet y el Poder Judicial, al estilo del correato pretendió sostener a Guadalupe Llori en la presidencia de la Asamblea Nacional, por un lado, para evitar la fiscalización y; por otro, para tener a su favor todas las instituciones de control.

El circo en la Asamblea Nacional hizo pausa el pasado martes 31 de mayo, cuando el pleno destituyó a Guadalupe Llori con 81 votos de una mayoría conformada por UNES, PSC y la disidencia de Pachakutik e Izquierda Democrática, partidos políticos que de paso resultaron fraccionados producto de la comedia burguesa. La presidencia pasó a ejercerla Virgilio Saquicela, quien luego de la posesión dijo que “extenderán las dos manos al presidente Lasso para buscar consensos a favor de la gobernabilidad”, además se comprometió a dialogar con los jefes de las distintas bancadas legislativas para el tratamiento urgente del proyecto de “Ley de uso progresivo de la fuerza”, ley de la cual, el pueblo espera que no se afecten las libertades básicas de las personas, en especial el derecho a la protesta social, últimamente reprimida con el uso excesivo de la fuerza por parte del Estado.

Lo cierto es, que los hechos están consumados, cabe preguntarse a quién beneficia esta destitución, obviamente al pueblo de a pie NO. Los grandes beneficiarios, aunque digan lo contrario, son los banqueros, los grandes empresarios, los exportadores, la banda de corruptos del correato que ahora con el evidente pacto con el partido social cristiano, busca la impunidad a los delitos cometidos contra el erario nacional durante la “década robada”. Ahora irán a tomarse todos los organismos de control, no cabe duda que ellos pactaron para eso, para institucionalizar las arbitrariedades.

Mientras tanto, la tarea de las agrupaciones sociales y populares, es fortalecer la organización unidad y lucha contra el neoliberalismo y oponerse a este gobierno que ha demostrado incapacidad para solucionar los grandes problemas que afronta el país.