Santiago Armijos Valdivieso

Hemos sido testigos del intento de destitución del presidente Guillermo Lasso en la Asamblea Nacional por iniciativa del correísmo. No se necesita hilar fino para entender que los motivos; lejos de defender la protesta indígena o los intereses del pueblo; fueron los de desestabilizar a un gobierno que no es de su agrado e intentar recuperar los espacios de enorme poder que ejercieron durante más de una década. Para hacerlo recurrieron a sus obedientes asambleístas de UNES, quienes, con falsas poses demócratas y defensores del sector indígena, evidenciaron la mediocridad que impera en la Función Legislativa, salvo escasas excepciones.

Los discursos repetitivos, superficiales, postizos, con pobreza intelectual, y deficientemente expresados; fueron la tónica de los cuatro días que duró el “debate” para decidir la suerte del presidente y de nuestra democracia. A la intención desestabilizadora se sumó el bloque legislativo de Pachakutik, en sumisa actitud a las órdenes del dúo: Iza-Correa, pero sin lograr los votos necesarios (dos terceras parte de asambleístas) para concretar la destitución. Sin dejar de reconocer los numerosos errores del presidente Lasso en su mandato, la negativa de destitución presidencial es importante para la continuidad de la democracia y para ratificar que el Ecuador es un país en el que se respeta los períodos constitucionales para los cuales son electos los mandatarios. Nos guste o no, elegir un presidente es un acto cívico y sagrado que se debe respetar, a no ser que existan circunstancias tremendamente graves ocasionadas exclusivamente por el presidente. En el presente caso, existe un iracundo reclamo social del manipulado sector indígena, pero manchado y contaminado por los intereses electoreros y desestabilizadores de quienes estuvieron en el poder por más de diez años. Está claro que la desigualdad social persiste, que la carestía de la vida es preocupante, que la falta de empleo sobresale y que la delincuencia nos tiene aterrorizados; pero destrozar las fuentes de trabajo, atentar contra la propiedad pública y privada, paralizar mercados de alimentos,  impedir la movilidad de ambulancias, agredir a la población, disparar petardos, obstaculizar vías, impedir transporte de combustible, apagar pozos petroleros, secuestrar a las fuerzas del orden, insultar a ciudadanos que se oponen al caos,  e intentar destituir a un presidente electo legítimamente, quien apenas cumple un año de mandato; es excesivo e irresponsable.  Más aún cuando esto ha causado muertos y heridos entre los manifestantes y entre las fuerzas del orden.

Esto debe acabar ya porque el Ecuador agoniza ante la hemorragia social y económica producida por la intolerancia de la dirigencia indígena, por la mezquindad electorera y por la acumulación de errores de los políticos que han gobernados en las últimas décadas, incluido el correísmo.

¡¡Hay tanto por hacer y cumplir en el país que no podemos estar paralizados un día más!!