Planificación y finanzas públicas

Paúl Maldonado

La planificación del desarrollo social y económico es una de las funciones principales de todos los niveles de gobierno, permite definir las líneas estratégicas de gestión en el corto, mediano y largo plazo, logra estructurar la asignación de recursos públicos, a la vez brinda elementos para la evaluación de la gestión y la rendición de cuentas.

  En los últimos años, la normativa que define los procesos de planificación ha cambiado sustancialmente. Hoy la planificación del desarrollo ha adquirido un nivel central en la gestión pública, y se han establecido los ámbitos de competencia para cada uno de los niveles de gobierno. En el 2010, la Asamblea Nacional aprobó el Código de Planificación y Finanzas Públicas en el que se expresa las tendencias al fortalecimiento del rol del Estado en los procesos de política pública. La intención de esta normativa es generar una estructura que promueva la reducción de las brechas de equidad territorial, suscitando procesos de desarrollo con base local, donde los roles del gobierno nacional y de los gobiernos locales estén claramente definidos. En la Constitución, la planificación estatal está concebida como el instrumento articulador de las políticas públicas con el objetivo de generar equidad social y territorial, a la vez es uno de los deberes primordiales del Estado: “Planificar el desarrollo nacional, erradicar la pobreza, promover el desarrollo sustentable y la redistribución equitativa de los recursos y la riqueza para acceder al buen vivir” En este marco, se establecen lineamientos del desarrollo como:  Contribuir al ejercicio de la garantía de derechos de la sociedad;  Fomentar la participación ciudadana y el control social en la política pública;  Aportar a la construcción de un sistema económico social, solidario y sostenible;  Promover el equilibrio territorial, en el marco de la unidad del Estado;  Fortalecer el proceso de construcción del Estado plurinacional e intercultural;  Fortalecer la soberanía nacional y la integración latinoamericana;  Propiciar a través de la política pública la convivencia armónica con la naturaleza, su recuperación y conservación. El código establece la vinculación absoluta entre planificación y presupuesto, al determinar la obligatoriedad de que “la programación, formulación, aprobación, asignación, ejecución, seguimiento y evaluación del Presupuesto General del Estado y de los demás presupuestos de las entidades públicas y todos los recursos públicos se sujetarán a los lineamientos de la planificación del desarrollo de todos los niveles de gobierno”  La planificación nacional es una competencia exclusiva del Estado Central, misma que cuenta con varias herramientas para ejercerla. La más importante es el Plan Nacional de Desarrollo, así como los lineamientos y las políticas emanadas del Sistema Nacional Descentralizado de Planificación Participativa y las políticas definidas en los ámbitos sectoriales del poder ejecutivo. Por su parte, les corresponde a los gobiernos autónomos y descentralizados las funciones de planificación del desarrollo y de ordenamiento territorial a nivel regional, provincial, cantonal y parroquial.