¡Una ley que faltó consensuar!

César Eduardo Briceño Toledo

El jueves 21 de julio pasado, la Asamblea aprobó las reformas de la controvertida   Ley de Comunicación, con 75 votos afirmativos, de políticos más no de profesionales en la materia, que contiene insumos para la censura. Entre sus puntos más litigados figura la creación de un organismo controlador y sancionador de la Superintendencia de Comunicación y un Consejo de Regulación que velará por los contenidos.

Se habla de información más no de opinión que impediría que la ciudadanía emita sus juicios de valor. Tanto la censura previa como la responsabilidad ulterior se compromete a los medios privados más no a los públicos que pertenecen al gobierno nacional, seccional o autónomos. Habría injerencia del Estado en la libertad de expresión. Así mismo, distribuye, las frecuencias radioeléctricas en tres partes iguales para medios privados, públicos y comunitarios.

Desde su creación los gobiernos anteriores mantuvieron una tensa relación con los medios de comunicación, que pasó de la crítica pública a juicios en las cortes en procesos por injurias y atentados a la honra, todos los cuales ganó, pero perdonó las sentencias. Se pretendió catalogar a la comunicación social como un servicio y no como un derecho.

Se han encontrado coincidencias como las que ocurren en Cuba, Venezuela, Argentina y Nicaragua de criminalizar el periodismo, y los intentos de anular la libertad de expresión en El Salvador. El proyecto de ley será remitido a su consideración y su sanción por el Ejecutivo, proceso que puede demorar hasta 30 días, que la ciudadanía cree que debe vetarla totalmente.

Se la ha tildado como una nefasta ley para la democracia, como una “mordaza”,que pone en serio riesgo el ejercicio del periodismo y el derecho ciudadano a estar debidamente informado, por contener normas excesivamente punitivas que configuran una verdadera amenaza para la libertad de expresión e información. En la práctica esto podría llevar a una censura para que la ciudadanía denuncie o acceda a información relacionada, por ejemplo, a corrupción y falta de medicinas en hospitales como se registró durante la pandemia; sobre todo, realizar el periodismo de investigación que tanto reveló la perversión del poder. Mientras que el informe de mayoría sobre la Ley de Libertad de Expresión, presentada por el presidente Guillermo Lasso, al inicio de su mandato, fue rechazada.