Diálogos inoficiosos con el neoliberalismo

Rómulo Salazar Ochoa

A dos meses de iniciarse los diálogos entre el Gobierno de Lasso y la Conaie, tras las movilizaciones populares de junio reciente, aún no hay ni habrá resultados en ninguno de ellos, no obstante que éstos concluyen a fines del presente mes septiembre, y siendo como son importantes y urgentes los asuntos que los motiva, asuntos que, desde luego, son sólo una parte de los que el Gobierno debió y debe atender en interés de las mayorías sociales. Evidentemente, la derecha neoliberal no está interesada en resolver nuestros problemas sino en despojarnos de nuestros recursos.  

Así, entre otros aspectos, nada han resuelto los diálogos sobre la pretendida focalización de subsidios en los combustibles; focalización que la derecha neoliberal, en acatamiento a las órdenes del FMI, ha venido mencionando como una de las soluciones a los problemas fiscales del país desde hace 40 años, sin que jamás haya podido estructurar su aplicación. La dirigencia de la Conaie aceptó este aspecto como tema de uno de los diálogos cuando lo que debió hacer fue presentar la óptica real que tiene el problema.

El ahorro en combustibles se dará cuando el gobierno decida terminar con el contrabando en esta materia; contrabando que viene desde los años 80; negocio ilícito al que se dedican determinados sectores oligárquicos, operan en torno de la producción petrolera y la refinación de sus derivados; operan con complicidad entre sectores de seguridad, en las aduanas, en el transporte marítimo y aéreo; tal es así que, en décadas, a pesar de los volúmenes de este contrabando jamás los servicios aduaneros han capturado un solo buque o nave aérea; todos sabemos, menos tales órganos seguridad, que el contrabando se hace desde puertos y aeropuertos privados. Entonces, nada había que dialogar.

Es deber del Gobierno eliminar por lo menos este ámbito del contrabando. A su vez, los sectores organizados del pueblo deben exigir que las diversas bancadas de la Asamblea Nacional, independientemente de que tengan más o menos votos, llamen a juicio político a las máximas autoridades gubernamentales vinculadas a la producción del petróleo y sus derivados y a su comercialización. Lamentablemente la mayor parte de asambleístas viven en ociosidad política o no tienen idea de sus funciones ni de cómo ejercerlas mientras las dirigencias sociales merodean los manteles del gobierno neoliberal.

Igual ocurre, entre otros aspectos fundamentales, con el deterioro de los campos agrícolas, ganaderos, bosques, reducción de los cauces de agua o su afectación desde el lugar de origen, en el curso de sus caudales, desde las alturas hacia los valles, llanuras y el mar, en interés sólo de una minería grande y pequeña que no solo no tributa, sino que destruye la flora y fauna, incluso en los mares y en las poblaciones cuya vida depende del mar. En este ámbito la Asamblea Nacional también está ausente, negándose a fiscalizar y derogar la legislación de muerte que al respecto tenemos, que sólo favorece a la gran empresa extranjera. La Asamblea debe exigir al Gobierno abandonar el Ciadi en acatamiento a la Constitución, que, así, las controversias con las transnacionales se decidan en el ámbito jurisdiccional del país como Estado independiente que somos.

En el ámbito del IESS la Asamblea Nacional calla sin defender los intereses populares. Las diversas bancadas deben controlar y fiscalizar el IESS y oponerse a la privatización. Una vieja aspiración de la derecha oligárquica es desaparecer el IESS y obligar a las mayorías sociales a buscar atención de su salud en las clínicas particulares, atención que, como ya está ocurriendo, sólo tienen quienes pueden pagarla, mientras que las personas y familias más pobres deberán resignarse a morir en sus domicilios, en los parques, las calles o bajo un puente.

César Rodríguez, miembro del Consejo Directivo del IESS en representación de los grandes empleadores dijo, hace pocos días, que no había dinero en la entidad porque los pequeños y medianos empleadores incumplían los aportes de aseguramiento de “sus” trabajadores “como consecuencia de la pandemia”; “olvidó” decir que son sus representados, los más grandes empresarios privados, quienes, tras retener tales aportes, “olvidan” consignarlos en el IESS.  “Olvido” que ha superado los 10 mil millones de dólares; “olvido” que no habría ocurrido si dicho Conejo Directivo hubiera cobrado tales valores en la acción coactiva que prevé la ley, denunciando, además, esos “olvidos” en la Fiscalía para llevar a la cárcel a los “olvidadizos”.

En suma, la política neoliberal se mantiene y profundizará con o sin diálogos mientras la Asamblea Nacional evada sus deberes de fiscalización y las “dirigencias” de los sectores populares sigan en la inmovilidad, medrando en los manteles del neoliberalismo.