César Correa
Que al 2022 lo quemamos bien el 31 de diciembre no es más que pura ilusión, porque todo está preparado para que los fenómenos sociales mantengan sus características, como lo prueban los siguientes poderosos indicadores.
El Presupuesto General del Estado vigente no asigna fondos para que algún aspecto de la vida nacional pueda crecer, mejorar, prosperar.
Basándome en los documentos oficiales, en la Proforma enviada por la Presidencia de la República a la Asamblea Nacional, me ratifico en las cifras que he publicado anteriormente.
Otros recortes presupuestarios son los que afectarán a las siguientes instituciones: Dirección Nacional de Salud de la Policía Nacional (siete millones de dólares menos); Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial (5 millones menos); Instituto Geográfico Militar (17 millones menos); Hospital de Especialidades de las Fuerzas Armadas (15 millones y medio menos); Universidad de las Artes (millón y medio menos); Universidad Nacional de Educación UNAE (5 millones 700 mil menos); Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones Arcotel (2 millones 700 mil menos); Autoridad Portuaria de Esmeraldas (4 millones y medio menos); Instituto Nacional de Patrimonio Cultural (medio millón menos); Ministerio del Deporte (330 mil menos); Ministerio de Cultura y Patrimonio (1 millón 400 mil menos, lo que afectará al Festival Internacional de las Artes Vivas de Loja); Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (31 millones menos); Universidad Nacional de Cuenca (3 millones 600 mil menos); Escuela Superior Politécnica de Chimborazo (5 millones 800 mil menos); Universidad de Guayaquil (5 millones y medio menos); Universidad Técnica del Norte (4 millones menos); Universidad Central del Ecuador (10 millones menos); Escuela Politécnica Nacional (11 millones 700 mil menos); Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay (medio millón menos); Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE (5 millones 600 mil menos). Es muy fácil deducir que en el 2023 será imposible que las universidades hagan las inversiones necesarias para incrementar su capacidad para recibir a más estudiantes de los que tienen ahora.
Ninguna institución cuenta con asignación presupuestaria para emprender en las obras de remediación ambiental indispensables para salvar la hidroeléctrica Coca Codo Sinclair, amenazada por la fuerte erosión de uno de los ríos que le aportan su caudal.
Tampoco el gobierno se propone hacer inversión en obra pública, por lo tanto se mantendrán a la baja el empleo, los aportes al IESS, el consumo de artículos de primera necesidad, las condiciones de vida de los trabajadores…El 2022 nos durará 365 días más.