Santiago Armijos Valdivieso

Dado que existen quince candidaturas, el presente proceso electoral para la elección de alcalde de Loja proyecta aproximadamente que, quien alcance el poder municipal lo haga con un reducido número de votos, equivalente a porcentajes entre el 20% y el 25% del total de votantes. Ello no deja de ser preocupante si consideramos que un alcalde elegido en tales circunstancias tendría que iniciar su acción municipal con un famélico apoyo de dos de cada diez lojanos, lo cual, a más de inconveniente podría abrir la puerta para procesos de revocatoria, tan recurrentes en una débil democracia como la nuestra.

Por ello la necesidad de analizar la conveniencia de que nuestras leyes electorales inserten la figura de la segunda vuelta electoral para la designación de autoridades seccionales (al menos para alcaldes y prefectos) y así lograr elección de mandatarios con un mayoritario respaldo ciudadano que les facilite la gobernanza. Algunas voces dirán que esto no es necesario porque generaría mayores costos para el heraldo nacional, sin considerar que los procesos de revocatoria también tienen elevados costos, a más de causar incertidumbre social.  Por otro lado, todo gasto que apuntale y mejore nuestros procedimientos para la democracia, debe ser visto como una inversión que, a mediano o largo plazo, contribuirá al progreso de la Nación.

Establecer una segunda vuelta para la elección de autoridades seccionales, cuando en la primera no se alcance el 50% más uno de los votos, no es nuevo en varias democracias del mundo. Países desarrollados como Reino Unido, Alemania, Francia e Italia la implementaron desde hace años. Sin irnos tan lejos; nuestro vecino Perú, también contempla una segunda vuelta para la elección de dignatarios seccionales, en caso de que los candidatos no alcancen en primera vuelta un porcentaje mínimo.

Revisando resultados del CNE sobre las elecciones seccionales de 2019, existen datos reveladores sobre alcaldes elegidos con pequeños porcentajes de apoyo. Reproduzco como ejemplo los siguientes: El alcalde de Quito fue electo con el 21,39% de apoyo; el de Cuenca con el 28,06%; el de Riobamba con el 21,41%; el de Loja con el 31,93%; el de Paltas con el 27,72% y el de Calvas con apenas el 18,48%.

Dando una simple interpretación a los datos citados; varias ciudades del país (por remitirme solamente al proceso eleccionario de 2019) eligen burgomaestres con escasos porcentajes de apoyo ciudadano, situación que, a mi modo de ver, no le hace bien a la democracia.

De ahí la necesidad de estudiar, entender y profundizar este tema con el objeto de buscar mejores reglas para nuestra democracia. No está por demás decir que, por su parte, los partidos y movimientos políticos deben asumir el reto y la responsabilidad de presentar candidaturas estructuradas, serias y viables. Definitivamente, una democracia se robustece por la calidad y capacidad de los candidatos, más no por el número de candidaturas.